Causa General: Capítulo III TERROR ANÁRQUICO

Capítulo  III

TERROR ANÁRQUICO

 Desde que las turbas extremistas se adueñaron de las poblaciones donde el Alzamiento Nacional había fracasado o no se había producido, su actuación se caracterizó por su feroz brutalidad, dando rienda suelta al terror más desenfrenado. Imperan el asesinato y el robo. Quien no poseía un carnet sindical o de algún partido del Frente Popular, de fecha anterior al 18 de julio, carecía de personalidad jurídica y del derecho a la vida, y podía ser impunemente y a capricho muerto por cualquier miliciano. 

Algunas categorías sociales son consideradas inexorablemente acreedoras a la pena de muerte o, mejor dicho, al asesinato, sin neutralidad judicial alguna Así sucede principalmente a los sacerdotes o militares. La misma suerte cabe a los afiliados a Falange Española, al partido Tradicionalista y a los partidos considerados de orden, e incluso a muchos afiliados a partidos republicanos de los no incorporada al Frente Popular.

Los funcionarios judiciales y del Ministerio Fiscal son perseguidos con encono y se encuentran a merced de las checas y milicias del Frente Popular, en las que tanto abundan los criminales comunes, deseosos de venganza.

En muchas familias son asesinados todos sus miembros varones, y en gran número de casos sufren también la misma suerte las mujeres, muchas de las cuales son antes ultrajadas, sí bien el explicable pudor de las familias interesadas hace que los casos de violación judicialmente acreditados resulten mucho menos numerosos que los ocurridos en la realidad.                                            

La venganza personal y el ánimo de rapiña por parte de unas turbas de criminales y de delincuentes comunes, en cuyas manos habia puesto el Gobierno del Frente Popular las armas y el poder, son también motivo muy frecuente de crímenes, cometidos unas veces por las «checas» y otras, directamente, por cualquier grupo de milicianos.

Durante los seis primeros meses en que culminó la táctica del terror anárquico, éste corrió, generalmente, en las capitales y grandes poblaciones , a cargo de las «checas». En los Municipios rurales se constituyen Comités revolucionarios, que arman sus propias milicias locales y juzgan, asesinan y despojan a sus convecinos, comenzando, generalmente, por el sacerdote.

El Frente Popular suele dar a sus elementos armados dedicados a imponer el terror en la retaguardia una organización rudimentaria, bajo diversos nombres, según la población de que se trate: Milicias de Vigilancia de Retaguardia, en Madrid; Patrullas de Control –al mando del anarquista Aurelio Fernández-, en Barcelona; Guardia Popular Antifascista, en Castellón; Milicias Armadas Obreras y Campesinas, en Almería, etc. Pero este encuadramiento, si bien confería autoridad a tales milicianos que la empleaban en beneficio propio o de las organizaciones políticas o «checas» de que dependían, no les sujetaba a la menor disciplina ni moderación en su conducta.

Los atentados contra la vida y la libertad de los españoles iban unidos a toda clase de desmanes contra los demás valores públicos y privados, tanto morales como materiales: La Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio económico sufren el embate de la furia subversiva. Incautaciones arbitrarias de fincas, de explotaciones industriales e incluso de viviendas familiares y de modestos comercios o industrias, son fenómenos corrientes dentro de la vida marxista. Algunas organizaciones obreras-como ocurrión con la C.N.T. de Madrid, mediante su organización denominada «La Contraguerra»- se incautaron de gran parte de la propiedad urbana; pero no para condonar su renta a los inquilinos, sino para percibirla coactivamente en provecho propio. En los casos de mayor benignidad, la incautación de empresas era sustituida por Comités de Control Obrero, que mediatizaban por completo la personalidad rectora del director del negocio.

En algunas poblaciones en que el Movimiento Nacional triunfó inicialmente, si bien por el aislamiento respecto a las demás Fuerzas nacionales, tuvo que ceder ante la presión roja, se acusa el vivo contraste de procedimientos; tanto en Guadalajara como en Albacete, que durante unos días del mes de julio se encontraban bajo el Mando Nacional, hasta que sucumbieron al ataque marxista, no se produce un solo caso de muerte violenta decretada por las Autoridades nacionales; en tanto  que, dominada luego la población por el marxismo, la represión ejercida por el Frente Popular es sangrienta, no sólo en los primeros momentos, sino durante mucho tiempo después, como ocurrió en Guadalajara, donde las milicias marxistas asaltaron en el mes de diciembre de 1936 la Prisión provincial, asesinado a las personas que allí se encontraban detenidas.

Son modalidades características del terror impuesto por el Frente Popular el ensañamiento y las mutilaciones: constantemente se repiten casos de víctimas enterradas o quemadas vivas, muertas a palos o sometidas a martirios semejantes.

En Madrid, el General republicano D. Eduardo López Ochoa es sacado por las milicias del Hospital Militar de Carabanchel, donde se encontraba enfermo, y es asesinado; su cadáver es decapitado por dichas milicias, secundadas por las turbas, que pasearon la cabeza del General por las calles céntricas de Madrid.

Don Luis Vales Alvarez, de cuarenta años de edad, empleado, fue detenido el 17 de agosto de 1936 al acudir al Cementerio del Este a hacerse cargo del cadáver del General Fanjul-fusilado por los rojos- para darle sepultura, siendo asesinado el referido Sr. Vales, cuyo cadáver fue hallado en las tapias del Cementerio de Vicálvaro.

El cadáver de D. Diego García Alonso, de veintinueve años de edad, empleado, apareció a mediados de agosto de 1936 en la Pradera de San Isidro, con la cabeza machacada.

Doña Inés Benítez Jaén, no obstante su avanzada edad, de sesenta y ocho años, fue detenida por el exclusivo motivo de su piedad religiosa, en su domicilio de la calle de Velásquez, III, en los primeros días de diciembre de 1936, sin que su cadáver pudiera ser encontrado por la familia.

La anciana de setenta y cuatro años, doña Asunción del Valle Pérez, con domicilio en la calle del Miño, num. I,  fue detenida el 26 de noviembre de 1936 por unos milicianos, habiendo aparecido su cadáver con numerosas heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Una familia compuesta por doña Dolores Crespo Iglesias, de cuarenta y dos años de edad, su hija María de los Dolores Jiménez Crespo, de diecisiete años, y su sobrino Vicente Arnau Crespo, de quince años, fueron detenidos el 30 de septiembre de 1936 a la puerta de la Cárcel Modelo, adonde habían acudido a visitar al marido de la primera, sin que volviese a tenerse más noticias de las víctimas ni hayan sido identificados sus cadáveres.

Según denuncia del Teniente Coronel D. Rafael Soto Reguera,  un vecino de su casa, calle de Torrijos, 69, cuyo nombre desconoce por haber vivido dicho señor solo y sin familia alguna, fue detenido, en su domicilio, sobre el 20 de julio de 1936, por un grupo compuesto de seis o siete hombres y una mujer, que llegaron a agredirle con las culatas de los fusiles, sin respeto a la avanzada edad del señor en cuestión, que frisaría en los ochenta años; y aquella noche se supo que el cadáver del anciano detenido había aparecido, con varias heridas de arma de fuego, en el Campo del Pilar, detrás de la iglesia de la Guindalera. La Causa General ha identificado a esa víctima, que resulta ser D. Agustín Enríquez Fernández,. de ochenta y cinco años, natural de Guardo (Palencia); este anciano, que se encontraba impedido, fue detenido por un grupo de milicianos, que lo acusaban de haber hostilizado a las milicias; conducido detrás de la iglesia del Pilar, en la Guindalera, al atardecer del día 20 de julio de 1936, fue asesinado por los milicianos, rematándole a tiros de pistola una miliciana joven, que también había tomado parte en la detención, existiendo testigos presenciales de este crimen, tal como doña Patrocinio Pastor Carpintero.

Según declaraciones testificales obrantes en la Causa General de Madrid, D. José Antonio Rodríguez de Celis, Marqués de Trebolar, de veintidós años, de profesión Abogado y con domicilio en la calle de Alcalá, 103,—que había logrado escapar de Paracuellos del Jarama, en donde estaban siendo asesinados en la mañana del 8 de noviembre de 1936 los presos evacuados de la Cárcel Modelo—, llegó herido al inmediato pueblo de Ajalvir (Madrid), solicitando asistencia facultativa, en cuyo momento, los componentes del Comité rojo de la localidad y varios vecinos más, en un número de 30 a 35, llevaron en tropel al fugitivo por la carretera de Ajalvir a Estremera, y en el kilómetro 1, aproximadamente, le dispararon por la espalda varios tiros, arrastrándole acto continuo hacia una fosa, no sin que antes un individuo llamado Teófilo Recio, aplastase la cabeza a la víctima con una piedra de gran tamaño, «proeza» que festejaron luego los asesinos en una taberna del pueblo.

Doña Valentina Fernández Urrisola, de cincuenta y ocho años de edad, casada, con domicilio en la calle de Núñez de Balboa, 78, fue detenida por unos milicianos rojos, que pretendieron obligarla a revelar el paradero de su hijo, y al negarse a manifestarlo la referida señora, fue sacada de su casa, desconociéndose desde entonces su paradero.

Cuatro religiosas del Convento de las Siervas de María del pueblo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), fueron detenidas en casa de un vecino de la localidad donde se habían refugiado, y, conducidas al Comité de Aravaca, establecido en «Villa María Carmen», fueron maltratadas, oyéndose desde el exterior los lamentos de las detenidas, nulo después asesinadas, sin que hayan aparecido sus cadáveres. Las víctimas son Sor Aurora López González, de ochenta y seis años; Sor Aurelia Arambarri Fuente, de setenta años; Sor Daría Andiarena Sarasqueta, de cincuenta y siete, y Sor Agustina Pena Rodríguez, de treinta y cinco años. En los malos tratos inferidos a las religiosas intervino una miliciana armada de fusil.

Don Antonio Díaz del Moral, vecino de Ciempozuelos, fue detenido por el Comité de Investigación de la referida localidad, y el 1º de octubre de 1936 fue sacado de la cárcel y conducido al Comité del pueblo, donde sufrió toda clase de insultos y vejaciones y llevado luego al embarcadero de reses bravas de D. Joaquín López de Letona; después de llenar de fango al detenido en una acequia de riego, lo ataron con una soga por debajo de los brazos, colgándolo de uno de los chiqueros de los toros, donde el Sr. Díaz del Moral fue corneado por la res allí encerrada, y cuando los criminales se cansaron de esta escena , le fueron cortadas las orejas a la víctima por un individuo llamado Primo García Hernández; seguidamente el Sr. Díaz del Moral fue atado a la parte trasera de un automóvil, que lo condujo, arrastrándolo, hasta un olivar sito en la vega, donde los milicianos lo colgaron de un árbol y lo remataron a tiros; el cadáver, que presentaba múltiples heridas por asta de toro, arma blanca y de fuego, fue hallado en el referido olivar, próximo a la carretera de San Martín de la Vega.

Al labrador, vecino de Arganda, D. Vicente Millán Sánchez, lo asesinaron las milicias de dicho pueblo después de hacerle cavar su fosa y de sacarle los ojos, según declaración prestada ante la Causa General de Madrid por los parientes de la víctima.

Una familia compuesta por D. Julio Fernández Carvajal y García, empleado; doña Gloria Bernabeu Pita, esposa del anterior, y por dos hijos del matrimonio, Jesús María Fernández Carvajal y Bernabeu, de dieciocho años, y María del Carmen Fernández Carvajal Bernabeu, de veintiún años, fueron conducidos por las milicias del pueblo de Pozuelo de Alarcón al término municipal de Boadilla del Monte, donde fueron asesinados el día lo de agosto de 1936, habiendo aparecido sus cadáveres abrazados por parejas, y recogidos en esta forma por una camioneta, que los condujo al Cementerio de Pozuelo; este asesinato, denunciado por una hija, superviviente, ante las Autoridades nacionales, fue presenciado por un vecino de Boadilla del Monte, que después de la liberación de España prestó la oportuna declaración ante la Causa General de Madrid en 13 de mayo de 1942 y reconoció en rueda a los asesinos.

Otra familia, compuesta por D. Felipe Rovira Herráiz y sus hijos D. Ignacio, D. Hilario, D. Enrique y D. Felipe Rovira Astorga, fué asesinada también en Madrid por las milicias del Frente Popular.

El testigo D. Angel Hurtado Navarro, sobrestante de Obras públicas, que fue obligado por los marxistas a prestar servicios en diciembre de 1936, en el lugar conocido por Somontes, próximo a la carretera de Madrid a El Pardo, presenció la ejecución de numerosos asesinatos en dicho lugar, según declaración prestada por dicho señor ante la Causa General de Madrid; destacando entre los crímenes cometidos el perpetrado por unos milicianos, que llegaron en un automóvil, contra un grupo que llevaban detenido, y que se componía de un señor de unos cincuenta años, de dos muchachas de unos diecisiete a dieciocho años y de un joven de unos veinte, todos los cuales, por su mutuo parecido, debían pertenecer a la misma familia; según el testigo, al descender del coche, las jóvenes se hincaron de rodillas ante los milicianos, pidiendo a gritos clemencia para su padre, no obstante lo cual, todos ellos fueron asesinados.

Otra familia, compuesta por D. Francisco Collado López y sus hijos Julián, Concepción y Luis Collado Oliver, de veinte, diecinueve y catorce años, respectivamente, fueron detenidos y asesinados luego en la carretera de El Pardo, el día 6 de noviembre de 1936, siendo también asesinada doña Juana González García, esposa de don Julián Collado, y detenida al mismo tiempo que sus demás familiares (se acompaña fotografía del cadáver de la joven Concepción Collado).

Los hermanos D. Casimiro, D. Tomás y D. Luis Penalba Baíllo, fueron detenidos en 31 de agosto de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario de Delicias, que los condujeron a la «checa» establecida en la iglesia de las Agustinas, de donde fueron sacados para ser asesinados en el kilómetro 7 de la carretera de Andalucía, habiendo sido reconocidos sus cadáveres en el Depósito Judicial; al mismo tiempo fueron detenidos tres servidores de la familia Penalva, llamados D. José María Rubio Escribano, D. Santiago Lucerón y Sánchez Pardos y don Francisco Muñoz Quirós, que también fueron asesinados juntamente con lostres primeros, habiendo aparecido los seis cadáveres en el lugar ya mencionado.

Un matrimonio compuesto por D. José Alaejos Mateos, chófer del Ayuntamiento, y doña Amelia Pereira Arribas, fueron detenidos en  septiembre de 1936 y conducidos a la checa  oficial de Fomento, yendo acompañados de una hija del matrimonio, llamada Amelia, de dos años de edad; el cadáver de D. José Alaejos fué hallado el 20 de septiembre de 1936, pero no así el de su mujer y su hija, de dos años, paradero se desconoce.

El día 7 de Noviembre de 1936 fueron detenidas en su domicilio del Paseo de la Castellana, 51, duplicado, las cinco personas siguientes, de una misma familia : D. Luis Hermida Villelga, de sesenta y ocho años y abogado; su esposa doña Carmen Ayala Laguna, de cuarenta y cinco años, y los hijos del matrimonio, Luis Hermida Ayala de veintiún años, estudiante, y Berta Hermida Ayala, de veintitrés años; al propio tiempo fue detenido D. Enrique Ayala Laguna, de treinta y cinco años, de profesión mecánico. Los cinco detenidos fueron llevados a un puesto de Milicias de Vigilancia, establecido en el número 4 de  la Carrera de San Francisco, y el 9 del mismo mes ingresaron sus cadáveres en el Depósito Judicial. El portero de la casa de la familia Hermida era agente de la «checa» de García Atadell y formaba parte del grupo de porteros adscrito a dicha «checa» y que tan gran número de delaciones aportó a la misma durante su funcionamiento.

El día 19 de noviembre del mismo año 1936 fueron detenidos por un grupo de milicianos catalanes de la F. A. I. cinco personas d una misma familia, que tenían su domicilio en la calle de Ruiz, numero 22, de esta capital. Los detenidos fueron conducidos a los altos del  Hipódromo y asesinados, habiendo sido vistos los cadáveres, acribillados a balazos, en el Depósito del Hospital Clínico de San Carlos. Fueron las víctimas doña Amparo Serrano Martínez, de treinta y cinco; casada; D. Alfonso Camacho Shaw, agente comercial, de treinta y cinco años; D. Antonio Martín Crespo, propietario, de sesenta y cuatro años de edad; doña Enriqueta Shaw Natión, tía de D. Alfonso Camacho, y, finalmente, la anciana María del Carmen Cabello Izarra, pensionista, de setenta y cuatro años de edad, hermana política de doña Enriqueta Shaw, anteriormente mencionada.

Según denuncia de doña Luisa Rodríguez Ceballos, presentada en 7 de octubre de 1941, los padres de la denunciante, don Ambrosio Rodríguez Cuesta y doña Dolores Ceballos Coscolla, así como el niño de catorce años Antonio Rodríguez Ceballos y un sacerdote pariente de la familia, de nombre D. José Coscolla Cavero, fueron detenidos en su domicilio de Madrid el 4 de septiembre de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, y asesinados.

Solamente en la «checa» comunista de la Guindalera, a cargo de milicianos de vigilancia de retaguardia, fueron asesinados, entre multitud de personas de uno y otro sexo y de todas las edades y condiciones sociales, varias señoras de una misma familia, llamadas doña Dolores Cacho de Ochoa, doña Francisca Zazo Ochoa, doña Elisa Querol Masats de Agustí, doña Josefa Tomás Masat de Querol y las señoritas María Luisa y Pilar Valledor Querol, y una sirvienta de la familia, llamada María Leal.

En la calle de Serrano, número 100, de Madrid, fueron detenidas en noviembre de 1936 doña María de la Hoz y Bárcena, vizcondesa viuda de Ros de Olano, así como doña Isabel de Vega y de la Hoz, hija de la anterior, y un sacerdote llamado D. Antonio Cortés, siendo los tres asesinados; los milicianos autores del crimen, de acuerdo con las sirvientas de las víctimas, denunciantes de sus señoras, ocupa-ron y saquearon el piso de estas últimas.

Doña Basilisa Andrés fue conducida el 22 de agosto de 1936 a la «checa» de la calle de Antillón, número 4, siendo asesinada al día siguiente, y desconociéndose el paradero de su hijo de cinco años, Carmelo López Andrés, que iba en brazos de su madre, y del que únicamente se sabe que al ser maltratada por los milicianos dicha señora, fue arrancado de los brazos de ésta y golpeado contra la pared.

Como dato significativo sobre los móviles y procedimientos de las milicias marxistas erigidas en dueñas de la zona roja, y de la complicidad y aquiescencia de las autoridades del Frente Popular, puede citarse también el siguiente: Los Duques de la VEGA y VERAGUA —este último descendiente del descubridor de América, de edad avanzada y que ninguna actividad política había desarrollado durante su vida—, fueron detenidos, por móviles exclusivos de robo, por unas milicias socialistas dirigidas por un individuo de este partido, llamado Zacarías Ramírez, convertido en capitán. Fueron inútiles todos los requerimientos de las representaciones diplomáticas para que el Ministro de Asuntos  Extranjeros, Alvarez del Vayo, garantizara la vida de los detenidos, que ningún peligro representaban para el régimen rojo. Finalmente los dos mencionados señores fueron asesinados después de un prolongado secuestro, no sin que antes el jefe socialista obligase al Duque de VERAGUA a transmitirle, bajo ciertas solemnidades jurídicas, propiedad de una finca que el Duque poseía en la provincia de Toledo. Suceso criminal al que ya se refirió autorizadamente el entonces Embajador de Chile, Excmo. Sr. D. Aurelio Núñez Morgado, quien en una carta, así como en una conferencia dada en 30 de enero de 1939 en París, en la «Academie  Diplomatique  Internationale», relató las estériles gestiones de las representaciones americanas en favor del último descendiente de Cristóbal Colón.

Las hermanas del agente consular del Uruguay en Madrid, doña Dolores y doña Consuelo Aguiar-Mella Díaz, fueron detenidas por milicias comunistas de la Pasionaria el 19 de septiembre de 1936, habiendo aparecido en la carretera de Andalucía, el día 20, los cadáveres de ambas víctimas, en el estado que muestran las adjuntas fotografías; brutal crimen que determinó la ruptura de relaciones entre el Gobierno uruguayo y el Gobierno marxista español.

El 20 de julio de 1937 fue detenido en su domicilio, por unos individuos que se dieron a conocer como policías, el diplomático don Enrique Ordóñez Lecaros, no obstante encontrarse imposibilitado de un brazo, y a pesar de las protestas de su esposa doña Lea Bourdoiseau, de nacionalidad francesa, que trató de oponerse a la detención. Los agentes rojos de Policía se apoderaron en casa del Sr. Ordóñez de un maletín que éste tenía guardado y que contenía paquetes de alhajas por valor de unas 450.000 pesetas, propiedad de la expresada doña Lea Bourdoiseau. Después de permanecer secuestrados en una «checa», policíaca de la calle de Génova, sometida a la influencia del  Comité Local de Defensa de la C. N. T., el señor Ordóñez, en unión de Don Juan Roca de Togores, Marqués de Alcedo, y de D. Miguel Treviño López, con él detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Policía del Distrito de Buenavista, que, ante las reclamaciones de la esposa del secuestrado, había accedido a intervenir. Pero, en seguida, y bajo las exigencias de la C. N. T., los detenidos fueron entregados a dos agentes de Policía, anarquistas, llamados Antonio Ariño Ramis y Francisco Vargas Mejías, quienes restituyeron a la «checa» de procedencia a los mencionados señores, que fueron asesinados. En la eliminación de los señores Ordóñez, Roca y Treviño tuvo intervención decisiva la «checa» anarquista conocida por «Campo Libre» y el miliciano de la misma filiación, Angel Campos Torresano (a) «el Chino», habiendo pasado las alhajas y valores incautados a poder del Comité Local de Defensa de la C. N. T. que, además, asesinó al poco tiempo al Angel Campos Torresano, por no haber conducido este individuo con la discreción debida la misión de robo y asesinatos que el Comité de Defensa le había conferido.

Estos hechos, denunciados a raíz de la liberación de Madrid por las respectivas familias de las víctimas, se encuentran corroborados con todo detalle por una investigación practicada en el año 1937 por la propia Policía marxista, que esclareció este suceso, sin que tal información trascendiera ni diera lugar a la menor sanción contra los asesinos, por haber sido ocultados los resultados de la misma por el comisario general de la Policía roja en Madrid, David Vázquez Baldominos.

En agosto de 1936, el Ministerio de la Gobernación marxista, prevenido a tiempo por el jefe de la escolta, que pidió instrucciones, permite que las turbas del Puente de Vallecas (Madrid), exacerbadas por agitaciones extremistas, detengan un tren que transportaba dos centenares de presos procedentes de la prisión de Jaén y asesinasen en masa a dichos presos, previamente despojados de cuantos objetos de valor llevaban encima. Por figurar entre estos mártires el Sr. Obispo de Jaén y su hermana, se hace referencia más amplia a este hecho en el capítulo dedicado a relatar la persecución religiosa.

El 31 de julio de 1936 fue hallado en el término de Colmenar (Madrid), sitio de Valdeloshielos, el cadáver de la señorita vecina de Madrid P. Y. A., de treinta y un años, soltera, que presentaba entre otras heridas, perforación de pulmón y señales inconfundibles —según el dictamen de autopsia practicado en el sumario 310 de 1936, seguido infructuosamente, como todos, por  la autoridad judicial roja—de haber sido violada antes de su muerte.

Son numerosísimos los niños de catorce y de quince años, v aun de menor edad, víctimas, tanto en Madrid como en el resto de España, de la barbarie roja. Tan sólo en la capital ascienden a un centenar las víctimas comprobadas que no rebasan la edad de diecisiete años. Entre otros, pueden citarse concretamente, además de los ya mencionados, los niños de quince años Jaime de Borbón Esteban, Luis Lorente (cuyos dos hermanos, Justo y José María, este último de diecisiete  años, también fueron asesinados), Manuel Díaz del Cerro (cuyo cadáver apareció en la carretera de Andalucía, junto con el cadáver de su padre, D. Marcelo Díez García), Germán Ayala Cantón, José Luis Pérez  Cremós y Francisco Rodríguez Alvarez. Y en la provincia de Oviedo son ciento cuarenta y ocho los menores de dieciocho años asesinados. En el pueblo de Torredelcampo (Jaén) fueron asesinados dos niños de trece años, hermanos gemelos, llamados Manuel y José Quesada Jiménez, de cuya familia fueron asesinadas cinco personas más, entre ellas la madre y una hermana de los niños.

En el pueblo de Colmenar de Oreja (Madrid), el cadáver de D. Pedro García Salazar fue desenterrado por las turbas marxistas en II de marzo de 1938, sacado al campo y descuartizado, siendo finalmente rociado con gasolina y prendido fuego.

El Teniente de la Guardia Civil D. Román de las Heras fue conducido desde Madrid a Vallecas el 12 de septiembre de 1936, por unos milicianos capitaneados por el tristemente célebre atracador y ex presidiario, Antonio Ariño (a) «el Catalán», los cuales, después de una breve permanencia en la plaza de Vallecas con el detenido, llevaron a éste al lugar denominado «San Antón» donde después de golpear bárbaramente al Teniente Las Heras, le rociaron con gasolina y le prendieron fuego, habiendo presenciado este asesinato numerosas personas.

El Teniente retirado de la Guardia Civil D. Juan Herranz y su esposa doña Isabel Blanco González, fueron detenidos por una cuadrilla de milicianos del Puente de Vallecas conocida por «Los Cinco Diablos Rojos», que acribillaron a balazos al matrimonio detenido; al tratar de dar sepultura a los cuerpos de ambas víctimas, el enterrador se dio cuenta de que la mujer aún estaba viva y la remató en aquel momento de un tiro de pistola.

El día 22 de julio de 1936, un tropel de mujeres del mismo Puente de Vallecas, sacaron violentamente de su domicilio a la señorita Gumersinda Toledo, y habiéndose unido a la manifestación formada por dichas mujeres las turbas marxistas de la localidad, la detenida fue paseada, con la ropa desgarrada, por el pueblo, llegando a ser mordida por una mujer llamada Isabel García; finalmente, al llegar al control de milicias establecido en el lugar denominado «Pajar del Roux», la detenida, así como dos hermanos de la misma, llamados Dionisio y Fernando Toledo Hortelano, que trataron de amparar a su hermana, fueron asesinados.

La «checa» de Alcalá de Henares asesinó a doña Leovigilda Surga, que había sido acusada por su propio marido—deseoso de disponer de ciertos bienes de su esposa—de ser hija de un Comandante de la Guardia Civil y de tener arraigadas ideas religiosas.

Las milicias de la «checa» establecida en la Iglesia de San Felipe, de Alcalá de Henares, entre otros muchos crímenes, cometió el relatado ante la Causa General por un superviviente llamado D. Antonio Moya Rodríguez, que en julio de 1936 residía en el pueblo de Camarma, próximo a Alcalá : Del referido pueblo de Camarma fueron sacados por las milicias rojas numerosos vecinos que en calidad de detenidos fueron trasladados a la «checa» de Alcalá y cruelmente maltratados a vergajazos por los milicianos de la «checa». A las dos de la mañana de uno de los primeros días de noviembre de 1936, fue extraído de la «checa» el declarante en unión de Enrique y Antonio Moya, Alberto Cubillo, Agustín Mendieta y Máximo Galindo, y llevados junto a las tapias del cementerio, donde los milicianos dispararon varios tiros sobre cada una de las víctimas, apuntándoles a la nuca. Don Antonio Moya, que cayó herido de suma gravedad, aunque no mortalmente, no llegó a perder el conocimiento y se fingió cadáver, dando lugar a que los asesinos se alejasen del sitio de la ejecución; el señor Moya pudo levantarse y, después de besar los cadáveres de su hijo y de su hermano, se alejó de aquel lugar, conteniéndose con un pañuelo la hemorragia y evitando las carreteras concurridas por milicianos rojos, que le hubieran rematado; tras grandes penalidades logró llegar a lugar seguro, donde se ocultó. Al tiempo de abandonar los milicianos el lugar de los asesinatos, creyendo muertas a todas sus vístimas el señor Moya oyó decir a uno de ellos, refiriéndose al propio declarante : «Bien muerto está, y vamos deprisa a por los otros de Camarma». Efectivamente, aquella misma noche y en término de Villalvilla, fue-ron asesinados quince más de los que estuvieron detenidos con el declarante en la «checa» de San Felipe. Son éstas víctimas : D. Eusebio Galíndez González, D. José María Galíndez González, D. Ramón Galíndez Díez, D. Máximo Galíndez Díez, D. Gregorio Díaz Lorenzo, D. Rafael Calvo Pérez, D. Maximiliano Calvo Pérez, D. Tadeo Pérez Almira, D. Tomás Mendieta García, D. Angel Mendieta García, D. Jesús Mendieta García, D. Teodoro Mendieta García, D. Agustín Mendieta García, D. Florencio Mendieta López y D. Emilio Martín Pascual. Anteriormente habían sido asesinados por elementos de la misma «checa» de San Felipe, en la carretera de Daganzo, el que fue alcalde del pueblo de Camarma, D. Pedro Calvo Pérez, y D. Elías Merino López.

En el resto de las provincias, y por vía de ejemplo limitadísimo, pueden señalarse, entre una multitud de crímenes monstruosos, los siguientes :

En Almería, los pozos de La Lagarta (del término municipal de Tabernas) y el pozo de Cantavieja (del término municipal de Tahal), quedaron abarrotados, hasta la boca, de cadáveres de las víctimas de la actividad criminal marxista. Exhumados estos restos, después de la total liberación de España, han sido encontrados multitud de cadáveres destrozados, y entre ellos el de un armador de buques de pesca del pueblo de Adra, llamado D. José Moreno Fernández, que apareció con evidentes síntomas de muerte por asfixia, rodeado su cuello por la soga que sirvió para estrangularlo, conforme puede apreciarse en una de las fotografías dedicadas a las referidas inhumaciones y que se insertan a continuación.

En el pueblo de Villacañas (provincia de Toledo), fueron sacados de la Ermita del Santo Cristo, donde se encontraban detenidos, D. Julián García Zaragoza, D. Antonio, D. Angel, D. Calixto, D. José y D. Moisés Marín López, D. Francisco y D. Jesús Granada Marín, D. Francisco Maquedo López, D. Francisco Martín Pérez, don León Montes Alcázar, D. Casto Montes Roldán, D. Julio Pérez García, D. Francisco Primedos García y D. Aureliano Romero Carretero, quienes después de haber sido maltratados bárbaramente hasta el punto de haberles sido arrancados los ojos, fueron conducidos en camiones y pasados a cuchillo por los milicianos que los custodiaban; antes de la consumación del asesinato, como D. Angel Marín, a causa de su ceguera, pisase a uno de los milicianos que iban en el coche, éste le mutiló de un hachazo el pie con que le había pisado.

El 27 de febrero de 1937 fueron juzgados en Alicante por el Tribunal Especial Popular, D. Javier González Avellán, de cuarenta y nueve años; D. Ramón Calpena, Cañizares, de setenta y dos años, y D. Luis Calpena Pastor, de treinta y tres años, siendo condenados D. Javier González y D. Luis Calpena a tres años de internamiento en un Campo de Trabajo, y D. Ramón Calpena a dos años de internamiento. Los motivos de la condena de dichos señores—ningún delito habían cometido—son los mismos que figuran en el informe de la Alcaldía roja de Aspe, que se unió al sumario y sirvió de base a la sentencia y cuya fotocopia se inserta en el correspondiente anexo documental. Encontrándose ya los mencionados señores en el Campo de Trabajo de Totana (Murcia), cumpliendo la pena que les había sido impuesta, el 28 de junio de 1937—y precisamente a instancia de los mismos obreros de la fábrica «Ramón Calpena Cañizares», que estimaban indispensables los servicios técnicos de dichos señores para la buena marcha de la explotación—son indultados por el Tribunal Supremo que actuaba en Valencia; y puestos en libertad el 6 de julio del mismo año, se trasladaron a Novelda, a cuyo Juez expusieron el temor que sentían de presentarse en el pueblo de Aspe, siendo tranquilizados por aquella autoridad, ante cuyas seguridades se presentaron en el pueblo, cuyo alcalde también prometió que no les ocurriría nada. En la madrugada del día 7, las turbas, inducidas por los dirigentes de las organizaciones sindicales afectas al Gobierno del Frente Popular, violentaron las puertas de los domicilios de los tres liberados, sacándolos violentamente a la calle y martirizándolos a palos, hasta que en la plaza del Ayuntamiento cayeron al suelo, falleciendo en aquel mismo lugar don Ramón Calpena y su hijo, y quedando gravísimamente herido don Javier González. El relato de estos hechos, en términos de elogio para los asesinos, fue publicado en el periódico anarquista Frente Libertario, de Madrid, según fotocopia adjunta.

En Barcelona, el matrimonio integrado por D. Plácido Armengol Celanova y doña Emilia Serra Saura, de profesión panaderos y sin filiación política, así como tres hijos del matrimonio, en unión del obrero de la panadería D. Francisco Rivas, fueron detenidos por patrullas del Comité de la Bonanova, el 24 de septiembre de 1936, y conducidos a la carretera de la Rabasada, donde aparecieron los seis cadáveres con heridas de armas de fuego; el Comité Obrero de la panadería se incautó de la industria de las víctimas.

En los pueblos de la provincia de Ciudad Real la criminalidad revistió modalidades de terrible ensañamiento. Así, el sacerdote de Torrenueva, D. Felipe Campos Rodríguez, detenido el 11 de agosto de 1936, fue martirizado, destrozándole los dientes y sacándole los ojos. En el mismo pueblo, el vecino D. Maximino Vivar Barriga fue muerto a palos en la «checa» y traspasado su cadáver repetidas veces con un estoque. Al vecino del mismo pueblo D. Alicio León Descalzo le amputaron en vivo los órganos genitales, poniéndoselos en la boca, al también vecino de la misma localidad D. Venancio Moreno Pérez le sacó los ojos en vivo una mujer marxista llamada Inés Torres Marco.

Análogos martirios y mutilaciones fueron realizados en otros pueblos de la misma provincia de Ciudad Real: Al vecino de Alcázar de San Juan, D. Antonio Santos Montes, joven que se había distinguido por su piedad religiosa, se le arrancaron los ojos en vida. Y el diputado D. Luis Ruiz Valdepeñas fue uncido a una noria en unión de otros varios detenidos, apaleado brutalmente y, finalmente, asesinado.

En Carrión de Calatrava (pueblo de la referida provincia de Ciudad Real), fueron arrojados a un pozo de mina los cadáveres de unas ochocientas personas de diversos pueblos de la provincia, que eran llevados a aquel lugar para su ejecución.

En el pueblo de Caspe (Zaragoza) fue detenido, el 27 de julio de 1936, D. Antonio Giu Giral, por una turba de milicianos que lo condujeron en tumulto, obligándole a marchar descalzo y sin camisa por las calles de la población, y al llegar la comitiva a la calle de la Hilarza, la madre de la víctima, anciana de unos ochenta años de edad, fue obligada a asomarse. al balcón para presenciar el martirio de su hijo, que fue arrastrado con cuerdas hasta las tapias del cementerio, donde las turbas le acribillaron a tiros, mientras gritaban : « ¡Por la libertad y contra el fascismo !»

En el pueblo de Alcañiz (provincia de Teruel) fue enterrado, todavía en vida, D. Pascual Bardavio Sábado, echando los milicianos cal viva en la sepultura, según declaraciones testificales fehacientes. En Herrera de los Navarros fueron fusilados el alguacil del Ayuntamiento, D. Domingo Carod Iberni, su esposa doña Leoncia Lobera Guillén, y los hijos del matrimonio, Araceli Carod Lobera, de diecinueve años, modista, y Delfín Carod Lobera, niño de trece años, habiéndose cometido el crimen el 17 de septiembre de 1936.

En Málaga fue detenido y conducido al Comité rojo de Investigación y Vigilancia, sito en la Alameda, el 18 de octubre del año 1936, D. Salvador Alcalá del Olmo, que a presencia de las turbas fué arrojado por el balcón y rematado en el suelo.

En la misma ciudad fueron asesinados, el 23 de octubre de 1936, D. Roberto Aremberg Gil y su madre doña María Gil González de junquito, de setenta y seis años, no sin que la expresada anciana fuese cruelmente martirizada al mismo tiempo que su hijo, hasta el punto de serle clavada una caña en un ojo por una mujer llamada Teresa Núñez Ortiz (a) «La Teresona» (de infausta memoria en los anales de la época roja de Málaga); los cadáveres de las víctimas mencionadas fueron arrastrados y el de doña María resultó carbonizado.

La vecina de Alfarrás (Lérida), Antonia Pau Lloch, de sesenta años de edad, madre de dos religiosos de la Compañía de Jesús, fue llamada a declarar el 26 de febrero de 1937 al Ayuntamiento don-de funcionaba el Comité revolucionario, y al negarse a hacer las revelaciones que se le exigían, fue maltratada y golpeada en la boca con un crucifijo de su pertenencia y seguidamente conducida al lugar denominado «Plana de Magí» donde murió estrangulada, siendo enterrada en la cuneta de la carretera y cubierto la fosa con un montón de piedras.

Los hermanos D. José María, doña María de la Concepción, D. Ramón y doña Teresa Guevara Zarzuela (sacerdote D. José María y religiosa doña María de la Concepción), fueron asesinados juntos, también en Málaga, el 19 de noviembre de 1936, sin otro motivo que la significación religiosa de todos ellos. En la misma ciudad de Málaga fueron inmolados juntos, el día 30 de agosto de 1936, los seis hermanos Briales Franquelo, de los cuales, D. Narciso, había sido último Alcalde de la Monarquía en la expresada capital.

En la provincia de Oviedo, la Iglesia Parroquial de Bonielles fue prendida fuego en la noche del 26 de agosto de 1936, pereciendo carbonizados los detenidos que se encontraban en su interior. El vecino de Lugo de Llanera, de la misma provincia, D. José Rodríguez Ruiz, fue conducido al pueblo de Mieres, obligado a cavar su propia fosa y enterrado vivo. También en la provincia de Oviedo, don Isidro Fernández Cordero, D. Segundo Alonso González y D. Ricardo Martínez García, los dos primeros de profesión mineros y el tercero practicante, fueron conducidos a la Iglesia Parroquial del pueblo de Sembra y degollados sobre un banco de madera.

En la provincia de Badajoz, los asesinatos con ensañamiento se repiten constantemente durante la dominación roja :

En Fuente de Cantos, después de incendiar el Juzgado, la Notaría, el Registro de la Propiedad, un convento y otros edificios, las turbas condujeron ante un tribunal revolucionario a numerosos vecinos del pueblo, que fueron después encerrados en la Iglesia Parroquial, atacada a continuación desde el exterior a tiros por las masas marxistas, que acabaron prendiendo fuego al edificio, en el que se encontraban entre los detenidos bastantes mujeres y niños de corta edad; perecieron quemados en el interior del templo: D. José M.a Manzano Marín, industrial; D. Francisco Alvarez Rojas, jornalero; D. Manuel Macías Tomás, industrial; D. Antonio Díaz Lancharro, comerciante; don Francisco Bermejo Rubio, labrador; D. Manuel Sánchez Bozas, empleado; D. Fernando Carrascal Salamanca, estudiante; D. Juan Esteban Pagador, propietario; D. Andrés García Gómez, viajante; D. Fernando Pagador Rosario, propietario; D. Manuel Iglesias González, y D. Luis Ibarra Pérez, labrador; de estas víctimas, nueve perecieron completamente carbonizadas, siendo identificadas por los objetos incombustibles que llevaban consigo; otros, entre ellos el Juez, resultaron heridos, sufriendo síntomas de asfixia, y el resto de los detenidos logró sustraerse al incendio por haber alcanzado, pasando por una puerta reservada, una torre pequeña del edificio, a salvo de las llamas.

En Almendralejo, perteneciente a la misma provincia de Badajoz, fueron asesinadas numerosas personas, algunas de ellas en el patio de la cárcel y otras en un convento, empleándose preferentemente como medio de ejecución bombas de mano y botellas con líquidos inflamables, que abrasaban a las víctimas.

En Burguillos del Cerro, donde también fueron asesinados numerosos vecinos, fue arrojado vivo a un pozo y cubierto con gran cantidad de escombros, Ramón García Maraber, de setenta y seis años, labrador; en el mismo pueblo fueron quemados vivos en una hoguera Juan Fernández Salguero, de veintiún años, y Aurelio Díaz Gómez, de veinticinco; Rafael Requejo Santos, de treinta y siete años, casado, forjador, fue colgado en un árbol y muerto por los milicianos, que practicaron ejercicios de tiro sobre la víctima; los sacerdotes don José Castilla Herrera y D. José María Vázquez Díaz, fueron enterrados vivos hasta la cintura y maltratados hasta que murieron.

En el pueblo de Fregenal, de la misma provincia, fue también enterrado vivo hasta la cintura el Guardia Civil D. Fernando Rastrollo González, sobre el que hicieron numerosas descargas los milicianos, apareciendo destrozado el cadáver.

También en la provincia de Albacete fueron realizados hechos vandálicos. Puede citarse el caso ocurrido el 29 de septiembre de 1936, en el pueblo de Caudete : Unos milicianos rojos acordaron, antes de marchar al frente, llevar a cabo el asesinato de siete hombres y siete mujeres de aquella vecindad que, aun no habiendo realizado ningún ataque contra el régimen del Frente Popular, se encontraban detenidos por el Comité rojo del pueblo, como sospechosos de profesar ideas políticas de orden. Las víctimas fueron conducidas a las afueras del pueblo en unos camiones, seguidos por algún otro vehículo ocupado por gente del pueblo que acudía a presenciar el asesinato anunciado. En la cuneta de la carretera fueron muertos a tiros—en presencia de las mujeres y después de haber sido insultados y maltratados cruelmente—los siete hombres; a continuación, las señoras fueron víctimas de toda clase de abusos carnales realizados por el tropel de milicianos, que las asesinaron finalmente. Fueron las referidas víctimas, D. Salvador Sánchez Albertos, D. Aurelio Ruiz Alcázar D. Juan Martínez Martínez, D. José Martí Herrero, D. Antonio Puche Martínez, D. Rafael Berenguer Roj, D, Guillermo Juan Rey, Doña Teresa y Doña Dolores Albalat Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz, doña Emerenciana de Teresa y de Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y doña Dolores Amorós Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz doña Emerenciana de Teresa y Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y Doña Dolores Amorós Golf.Golf.

En San Vicente de Alcántara fue asesinado en su propio domicilio, ante su esposa e hijos, Ramón Camisón Serra, por un grupo de milicianos.

En el pueblo de Azuaga, del partido de Llerena, se cometieron     noventa asesinatos, siendo bastantes de las víctimas mutiladas y sometidas a vejaciones, pudiendo ser mencionado, entre otros muchos, el caso de D. Fernando Murillo Gómez Alvarez, que después de  ser apaleado en el patio de la cárcel, fue castrado con unas tenazas y rematado en el cementerio.

En otros pueblos de la misma provincia de Badajoz sometidos a la dominación roja, se cometieron también numerosos asesinatos y bastantes violaciones, destacándose los desmanes cometidos por las masas y milicias del Frente Popular en Granja de Torre Hermosa, Campillo de Llerena, Guardia, Villanueva de la Serena y Don Benito.

En la provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Salmerón, D. Joaquín López Muñoz, que perseguido por los milicianos rojos del pueblo, había huido al campo, fue encontrado en la madrugada del 2 de Septiembre de 1936 en un molino próximo a la localidad; sus perseguidores le hirieron de un tiro de escopeta, y después le ser objeto de prolongadas vejaciones y martirios, el mismo día 2 de septiembre, a las cuatro de la tarde, fue llevado en un coche de las milicias aragonesas al término de Peralveque, donde lo asesinaron, mutilando  a continuación el cadáver.

También fue martirizado, antes de su asesinato, en el pueblo de Gajanejos, de la misma provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Utande, que había huido de dicho pueblo desde el comienzo del Movimiento.

El 31 de mayo de 1937, en ocasión de encontrarse dedicado a las labores del campo, en el término de Huertahernando (también de la provincia de Guadalajara), el labrador D. Eleuterio Díaz Rebollo, se le acercaron tres milicianos rojos que, a pretexto de considerarle políticamente disconforme con el Frente Popular, le asesinaron a tiros y a bayonetazos.

Sería inacabable la relación de crímenes cometidos con terrrible ensañamiento, en número de muchos millares, en la España que retuvo sometida al Frente Popular, constituyendo una muestra de ello rusos ya señalados.

Solamente en Madrid fueron 617 las mujeres cuyo asesinato ha sido acreditado hasta la fecha, siendo proporcionales las cifras en las demás provincias en que imperó el marxismo; así, en Valencia fueron asesinadas 508 mujeres.

El terror marxista hizo gran estrago entre los hombre dedicados a profesiones liberales: Sólo en Madrid fueron asesinados ciento setenta y cinco Abogados y Abogados-Procuradores colegiados, entre ellos el Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Madrid, D. Melquiades Alvarez y González Posada, Diputado a Cortes hasta el año 1936, y Jefe del Partido Republicano Liberal-Demócrata, y el Ilustrísimo  señor Secretario D. Marcelino Valentín Gamazo; figurando entre las víctimas numerosas personalidades liberales y republicanas. Si a este número de Letrados colegiados se agrega el también muy crecido de Abogados no inscritos en el Colegio de Madrid, por ejercer en esta capital otras actividades profesionales, jurídicas o administrativas distintas del ejercicio de la abogacía, se tendrá una idea aproximada de las víctimas sacrificadas por el Frente Popular en la clase de los juristas, que, como las demás profesiones universitarias o intelectuales y en general todos los sectores de la clase media, pagaron un extraordinario tributo  de sangre; no obstante lo cual, el Colegio rojo de Abogados de Madrid—ocultando cuidadosamente esta relación de Letrados asesinados—se atrevió a dirigirse a la opinión pública internacional, solicitando de la misma simpatía y apoyo para el Gobierno del Frente Popular, al que presentaba como un régimen legítimo, fiel mantenedor del Derecho.

Puede afirmarse que el Gobierno del Frente Popular era puntualmente obedecido en cuantas iniciativas revestían un carácter criminal y persecutorio, pudiendo disponer incondicionalmente de las milicias y organizaciones del Frente Popular para el cumplimiento de estos designios en la multitud de ocasiones en que dicho Gobierno adoptó tales iniciativas en el territorio sometido a su poder. Únicamente solía ser desobedecido—y soportaban de buen grado esta desobediencia, no obstante disponer el Gobierno de sobrados medios para reducirla—en los contados casos en que, por razones particulares, trataron las autoridades marxistas de sustraer alguna víctima a las milicias o a las «checas»

Las sangrientas consecuencias del terror practicado por el régimen del Frente Popular en la zona sometida a su dominio halló un lenitivo en la generosa intervención de las representaciones diplomáticas que, habiendo tenido ocasión de apreciar de cerca el auténtico carácter criminal de dicho régimen, se esforzaron para salvar la vida de muchos perseguidos, interesándose por la suerte de los presos y evitan-do en algunos casos, por la oportuna presencia de los coches diplomáticos en las puertas de las cárceles, en el momento de ser puestos en libertad determinados reclusos, que éstos corriesen la suerte que se les reservaba, que era la de ser asesinados a su salida a la calle.

Casi sin excepción, las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid abrieron sus puertas a muchas personas que por su profesión, sus títulos, su posición social o la dignidad de su conducta, eran perseguidas a muerte por las milicias del Frente Popular; el Decanato del Cuerpo Diplomático-desempeñado, a falta del Nuncio de Su Santidad, por el Embajador de Chile, D. Aurelio Núñez Morgado -  coordinó los humanitarios esfuerzos de las misiones extranjeras, destacando por su generosidad en la concesión del derecho de asilo las representaciones hispanoamericanas, que respondieron a los lazos de la sangre que unían a España con sus respectivos países y cumplieron su humanitaria misión sin que el diverso matiz político de cada uno de estos países se reflejase en tibieza para el cumplimiento de esta piadosa tarea.

El amplio ejercicio del derecho de asilo y del empeño- no siempre coronado por el éxito, debido a la obstinación roja—de lograr la evacuación de los asilados, fue una inmediata y obligada consecuencia  de la barbarie roja, que atropellaba, ante la mirada de las representaciones extranjeras, las normas más elementales del derecho de gentes, sin que el Gobierno del Frente Popular hiciese el menor esfuerzo para asegurar un orden jurídico y responder de su mantenimiento.

La inviolabilidad de los recintos diplomáticos fue atropellada con frecuencia, y siempre por agentes del Gobierno, ya que ninguno de los asaltos llevados a cabo contra residencias diplomáticas lo fueron por las turbas, sino respondiendo a un plan deliberado de las autoridades marxistas, como en los casos de Finlandia y Perú. Los locales de la Embajada del Brasil, situados en el Paseo de la Castellana, números 55  y  57, fueron asaltados el 7 de mayo de 1938—según manifestación  de la misma Representación diplomática—por miembros de la policia  roja, acompañados de guardias de Asalto, practicando los agentes invasores un minucioso registro y llevándose cuantos objetos de valor encontraron.

Permite formar una idea de la inseguridad reinante en Madrid y del ansia de sus vecinos por acogerse a un refugio diplomático el hecho—expuesto por la Representación belga—de que los Guardias Civiles veteranos que, por orden del Gobierno del Frente Popular, al que todavía servían, custodiaban la puerta de la Embajada belga, establecida en la calle de Almagro, número 42, obtuvieron del Cónsul general y Encargado de Negocios de Bélgica, M. Chabot, el favor de regresar como asilados en la Embajada, en unión de sus respectivas familias, pasando así de la situación de guardianes a la de refugiados.

Fueron numerosos los súbditos extranjeros que resultaron víctimas de la barbarie frentepopulista, pudiéndose citar los casos de Miss Brigid Boland, irlandesa, asesinada en Bilbao el 16 de junio de 1937; asesinato del ciudadano uruguayo D. Carlos Alberto Abascal del Calvo y su esposa; de varios ciudadanos argentinos, uno de ellos D. Felipe Jorge Linaje; una anciana, en la barriada de la Prosperidad, y un joven, en la «checa» de San Bernardo; un súbdito suizo fue asesinado en Madrid y otro en Alicante, siendo innumerables los atentados contra la propiedad de los extranjeros.

El Médico de la Cárcel Modelo, D. Gabriel Rebollo Dicenta, no obstante seguir desempeñando su humanitaria misión bajo el régimen del Frente Popular, fue detenido en 7 de noviembre de I936 cuando, después de pasar la visita médica en la Cárcel, iba en un automóvil de la Legación de Noruega, en unión del funcionario de dicha Legación, Sr. Werner; los milicianos anarquistas que detuvieron al señor Rebollo, entre los que figuraba el conocido atracador Felipe Emilio Sandoval, asesinaron al referido Sr. Rebollo, creyéndose que el crimen fue debido a resentimientos del mencionado atracador, que durante su reclusión en la Cárcel, por delito común, había conocido a la víctima, que ejercía el cargo de Médico de la Prisión.

Habiéndose interesado en 2 de noviembre de 1936 la Embajada Británica en Madrid por la libertad del preso D. Manuel Asensio Galainena, que ningún delito había cometido, no sólo fue desatendido este humanitario requerimiento por la Dirección de Seguridad, sino que a los pocos días, el preso fue asesinado por orden de las autoridades del Frente Popular.

La conducta del Gobierno del Frente Popular determinó tal repulsa por parte de las misiones extranjeras que aun continuaban en la España marxista, que influyó de un modo decisivo en el resultado de la elección pretendida por el Gobierno republicano de España para un puesto en el Consejo de la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1937, sumándose a la actitud adversa de los países hispano-americanos el grupo de países nórdicos, por la consideración de que los pueblos hispano-americanos, por razón de su raza y de su lengua, eran los más capacitados para juzgar de la situación española y de la posición moral del Gobierno de Barcelona.

El terror impuesto a España por el Frente Popular durante la lucha civil tiene su inmediata raíz en los gravísimos y constantes desmanes de la época precedente, expresamente reconocidos entonces por el propio Ossorio y Gallardo, colaborador del mismo Frente Popular, en un acerbo artículo publicado en el diario La Vanguardia, de Barcelona, de 19 de junio de 1936.