CÁRCELES Y ASESINATOS
COLECTIVOS DE PRESOS
A partir del 18 de julio de 1935, en la parte
de España que quedó dominada por el Gobierno del Frente Popular, y como
con-secuencia del extraordinario aumento del número de presos, hubieron de ser
habilitados como prisiones una serie de edificios diversos, dedicándose con
preferencia a esta finalidad las iglesias o las casas de Comunidades
religiosas.
Una de las
características más acusadas del paso de los Gobiernos frentepopulistas por el
Poder, en la esfera penitenciaria, fué la de anular por completo la autoridad
de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, incluso de los afectos al régimen
rojo, dejando a la vez de ser cumplidos los Reglamentos penitenciarios. Los
funcionarios se vieron sustituidos en su misión por milicianos armados, que se
adueñaron por completo de las prisiones, siendo sustituidos los Reglamentos por
la voluntad y capricho de los milicianos, que, a su antojo, prohibían la
comunicación de los detenidos con sus familiares, se adueñaban de los víveres
que eran llevados a los presos, a los que se maltrataba constantemente de
palabra y obra, amenazándoles con el fusilamiento, y se relataban ante ellos
los asesinatos en que cada miliciano había intervenido.
En contraste con la
dura vida de los reclusos, los milicia-nos celebraban en las prisiones
frecuentes orgías que, al embriagarse los custodios, empeoraban la suerte de
los detenidos.
Muchos funcionarios
de Prisiones, encontrándose de servicio, fueron sacados de los mismos
establecimientos para ser asesina-dos, como D. Gregorio José San Martín San
Juan, D. Ramón Donallo Marín de Bernardo y D. Luis Santigosa Payo, que fueron
entregados a milicianos, delincuentes comunes que habían sufrido condenas y
deseaban vengar el odio acumulado durante su reclusión; los funcionarios que,
por parecer afectos al régimen marxista, quedaron en sus pues-tos, perdieron
toda fuerza y autoridad, pasando a ser meros instrumentos en manos de los Comités
y milicianos.
En cada
establecimiento penitenciario se constituyó un Comité con representantes de
todos los partidos políticos y entidades sindicales del Frente Popular, y el
orden en el interior de las prisiones quedó encomendado a los milicianos. La influencia
política en el régimen de las prisiones fué tan acusada que—a pesar de que
oficialmente seguían dependiendo del Gobierno y en cada una de ellas había un
Di-rector y otros funcionarios designados por el Ministerio de Justicia—eran
utilizadas para alojar detenidos que quedaban a disposición de organismos
políticos que legalmente carecían de atribuciones para ello. En otros casos,
tales entidades se atribuían facultades sobre detenidos por la Dirección
General de Seguridad y a disposición de la misma, como se comprueba en los
expedientes personales de los detenidos en la prisión de Porlier de Madrid, D.
Rafael Alonso Villalba, D. Francisco González Miranda y D. Abelardo Gómez
Valero, en los que se hace constar que quedan a disposición de la Dirección General
de Seguridad y del Comité de Investigación y Vigilancia. (Estos tres reclusos
figuran puestos en libertad el día 24 de noviembre de 1936; pero, en realidad,
fueron sacados de la cárcel y asesinados dicho día.) En los expedientes de los
reclusos en la misma prisión, D. Francisco Ariza Loño, D. Enrique Martínez
López y D. Carlos Martínez López, figura la siguiente nota: Al ser puesto en
libertad, avisar al puesto de Vigilancia número 15, teléfono 51998.
Responsable, Del Moral.» (Este puesto de Vigilancia, dependiente de la
Inspección General de Milicias Populares, es-taba instalado en la Carretera del
Este, número 25, y era de carácter predominantemente comunista, como la mayoría
de los de su clase; el Responsable a que se alude es Antonio del Moral Labajo
(a) «Perra chica», con actuación criminal muy destacada en la barriada de las
Ventas y en los asesinatos de presos. Los tres referidos reclusos, que figuran
como puestos en libertad el día 7 de noviembre de 1936, fueron sacados de la
prisión y asesinados.)
En los primeros meses
del Movimiento, durante el verano de 1936, se sucedieron sacas individuales de
presos que, con pretexto de ser puestos en libertad, eran entregados a los
agentes de la «checa» de Fomento o a otros milicianos, que los asesinaban a la
salida. Por este procedimiento fué extraído, entre otros muchos, de la cárcel
de San Antón, conducido a la «checa» de Fomento y asesinado, el ex Di-rector
General de Seguridad de la República, D. José Valdivia; y de la prisión de
Ventas fueron sacados, también entre otros, diversos presos procedentes de
Colmenar Viejo que, entregados a milicianos de dicho pueblo, fueron
seguidamente asesinados. También en el interior de las prisiones se cometían
asesinatos, incluso de personas significa-das en el campo de la República,
habiendo sido muertos violentamente en la cárcel de Porlier los Diputados
republicanos D. Gerardo Abad Conde y D. Fernando Rey Mora, y con ellos el
religioso D. Leandro Arce Urrutia. (Documentos 1 y 2.)
Lo mismo ocurría en
el resto de la España dominada por el Frente Popular. Así, en la noche del 30
al 31 de julio de 1936, en el pueblo de Úbeda (Jaén), las milicias rojas
sacaron a los presos políticos que, en número de 47 se encontraban en aquella
cárcel, y los asesinaron, quedando únicamente dos supervivientes : D. Pedro
Iglesias Martín (que quedó gravemente herido) y D. Cristóbal Herrador Herrera.
En la noche del 28 al 29 de agosto de 1936, los milicianos de Castellón de la
Plana, con representaciones de los diversos partidos marxistas y republicanos y
de las sindicales obreras, penetraron en el buque Isla de Menorca, surto en el
puerto del Grao, habilitado para prisión, y extrajeron de dicho barco a todos
los presos que se encontraban en el mismo, los cuales, en número de 56, fueron
maniatados por parejas, desembarcados y asesinados inmediatamente en diversos
lugares cercanos al puerto.
La repetición de
estos hechos transcendió, y de ellos se hicieron eco incluso destacadas
personalidades de aquel régimen, que se dirigían a sus correligionarios que
desempañaban cargos elevados en la esfera de la Policía reclamando seguridades
para determinados detenidos de su particular amistad. Por la Policía militar
fué ocupada—después de la liberación de España—una carta que el que fué Jefe
superior de Policía, Diputado de Izquierda Republicana y Catedrático de Derecho
Penal, Manuel López Rey, dirigió al Diputado de Unión Republicana, Fulgencio
Díaz Pastor, contestando a otra en la que se le pedía el traslado de un preso
desde la cárcel de Porlier a los calabozos de la Dirección General de
Seguridad, para evitar su asesinato; el Jefe superior de Policía de Madrid dice
en la mencionada carta, de 2 de septiembre de 1936: “ Querido amigo : El
traslado de la prisión de General presos políticos que encontraron en la
cárcel, en número de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que
no han sido identificadas y comprenderás que la Inspección de Guardia de esta
Dirección de Seguridad tiene tan sólo un carácter de permanencia transitoria;
es decir, de prevención, y, por tanto, permanentemente no pueden hallarse en
ella detenidos de ninguna clase. Todos los ingresados, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, son mandados a las respectivas prisiones, y en
cualquiera de ellas existen las debidas garantías para los reclusos ”. La
garantía a que este documento alude es falsa, ya que las matanzas de presos se
sucedían sin interrupción, y ello no era una actuación des-bordada de las masas
marxistas, sino una conducta premeditada de los elementos dirigentes, facilitada
por el Gobierno, que, por medio de su Director General de Seguridad,
proporcionaba a los milicianos las órdenes de libertad, en blanco, que
precisaban para sacar a los presos de las cárceles y cometer los crímenes que
previamente habían acordado:
En las noches del 13
y del 14 de septiembre de 1936 fueron extraídos de la prisión provincial de
Castellón de la Plana, y asesinados, varios sacerdotes y religiosos, sin que
estos asesinatos obedecieran a sentencia alguna de los llamados Tribunales
Populares, sino exclusivamente al capricho de las milicias que los realizaron,
con el con-curso y asistencia de los dirigentes del Frente Popular. El 25 de
septiembre de 1936, desde que las sirenas de la ciudad de Bilbao anunciaron la
presencia de la aviación nacional, las turbas, entre las que figuraban gran
número de mujeres, se dispusieron, de acuerdo con los guardianes de los presos,
al asesinato en masa de estos últimos, y así, una vez terminado el bombardeo,
se dirigieron hacia los muelles de la ría próximos a la factoría de Altos
Hornos, en que se hallaban fondeados los barcos Altuna-Mendi y Cabo Quilates,
convertidos en prisión; algunos grupos se trasladaron en gabarras a bordo de
los buques, y en el Cabo Quilates comenzó la matanza en las primeras horas de
la noche, siendo asesinados sobre cubierta la mayoría de los presos, y otros en
la misma bodega, sobre la que se hizo fuego desde fuera, pereciendo de este
modo 41 detenidos. En el Altuna-Mendi, después de obligar a los presos, bajo la
amenaza de una ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto,
se asesinó a tiro de fusil, pistola y pistola ametralladora a 29 detenidos.
También en Bilbao, en la noche del 2 de octubre de 1936, un grupo de marineros,
e individuos que se titulaban oficiales de Marina de la dotación del acorazado
rojo Jaime 1, subieron a bordo del barco-prisión Cabo Quilates, y, con la
aquiescencia de los guardianes, asesinaron a 38 presos, a los que previamente
despojaron de sus alhajas y objetos personales de algún valor. En la misma
capital bilbaína fueron asesinados el 4 de enero de 1937, en las distintas
cárceles, un total de 209 presos, realizando los asesinatos fuerzas del
Ejército rojo, constando la participación activa de varias compañías de los
batallones «Asturias» (7.° de la U. G. T.), «Fulgencio Mateos» y «Malatesta»,
perfectamente uniformadas, con armamento completo, y a las órdenes de sus
jefes, respondiendo desde una de las cárceles el Comandante del batallón
«Malatesta» al Presidente del Gobierno vasco, que le pedía una explicación
acerca de los sucesos que estaban ocurriendo, que “cuando el pueblo se
convenciese de que no quedaba un fascista en la cárcel cesarían las matanzas”.
Los milicianos y las turbas que los acompañaban, con las que iban bastantes
mujeres, que se distinguían por su ferocidad, se dedicaron al pillaje y al
saqueo de los cadáveres, dándose el caso de que hubo milicianos que salieron de
la cárcel llevando cuatro abrigos.
Finalmente, el
Presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que no había tomado
ninguna medida para evitar estos crímenes, ni desplegado ninguna energía para
cortarlos una vez iniciados, encargó al Secretario de Guerra que cesara la
matanza, concluyendo ésta a los pocos minutos; debiendo tenerse en cuenta que
esta orden sólo se dio a las cuatro horas de comenzados los crímenes y ante las
apremiantes instancias de los funcionarios de Prisiones, que suplicaban la
intervención de la Autoridad.
El 2 de octubre del
mismo año 1936, por la noche, las milicias anarquistas de la C. N. T. y de la
F. A. T., que, bajo la denominación de «Columna de Hierro», mantenían el terror
entre la población civil de la Región levantina, penetraron en la capital de
Castellón y, con despliegue de fuerzas armadas de ametralladoras, asaltaron y quemaron
los Archivos de la Audiencia, Juzgado y Registro de la Pro-piedad, cuya
documentación fué quemada en la calle, así como los de la Delegación de
Hacienda, cuyos papeles fueron entregados a las llamas en el patio del Gobierno
Civil, con aquiescencia del propio Gobernador y de la Fuerza pública, que
presenciaron estos hechos, sin oponer el menor inconveniente a su realización.
Las mismas milicias, acompaña-das por elementos de la Guardia Popular
Antifascista de Castellón, se dirigieron a la Prisión provincial, donde
libertaron a los diez presos que se hallaban recluidos por delitos comunes y
asesinaron a todos los presos políticos que encontraron en la cárcel, cuyo
número era de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que no han
sido identificadas; exterminados los presos, los asesinos se reunieron en el
café Suizo, donde celebraron una comida para festejar su hazaña. El 3 de
octubre, de la cárcel de Cebreros (Avila) fueron sacados por los milicianos 71
presos políticos, que fueron asesinados, apareciendo sus cadáveres, calcinados,
en el vecino pueblo de Pelayos de la Presa.
Los presos extraídos
en la noche del 20 de octubre de 1936 de la Prisión de Ocaña, en número de
ciento cincuenta y dos, fueron asesinados en las tapias del Cementerio, y como
por la oscuridad de la noche no pudiesen hacer los milicianos buena puntería,
al día siguiente fueron enterradas algunas de las víctimas todavía con vida.
La suerte de los
presos de Madrid, después de la matanza
del mes de agosto en la Cárcel Modelo,
fué haciéndose cada vez más incierta, hasta llegar muy pronto a las
matanzas colectivas, respondiendo a una organización perfecta, estudiada en la
propia Dirección General de Seguridad, con los antecedentes que a continuación
se consignan :
El aumento progresivo
del número de asesinatos con la participación, en unos casos, y la pasividad,
en otros, de las autoridades que tenían obligación de asegurar el orden
público, hizo que se conmoviera la opinión internacional y que las
representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid hicieran llegar a sus
Gobiernos su alarma. Hubo una nota inglesa a este respecto, y el Ministro de
Estado español, Julio Álvarez del Vayo, en representación del Gobierno rojo,
hizo pública una comunicación, dirigida al encargado de Negocios de la Gran
Bretaña, lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno inglés,
que afirmaba, carecía de fundamento, ya que "los presos se encontraban
totalmente seguros y en espera de ser juzgados por los tribunales competentes".
La comunicación apareció en la Prensa los días 25 y 26 de octubre de 1936, y
poco después, dentro del mismo mes de octubre, aquel Gobierno, por medio de uno
de sus órganos, como era la Dirección General de Seguridad, ordenó en Madrid el
asesinato de presos de la Cárcel de Ventas, que no habían sido juzgados por
ningún tribunal. Entre estos presos figuraban personas de destacado relieve
intelectual, como D. Ramiro de Maeztu, y
de destacada personalidad política, como el fundador de las J. O. N. S., don
Ramiro Ledesma Ramos, hallándose entre ellos los dos hermanos Borbón León,
emparentados con la Casa Real española. El Director General de Seguridad,
Manuel Muñoz, el día 31 de octubre de 1936 ordenó la entrega de estos presos a
miembros del Comité Provincial de Investigación Pública («checa» de Fomento),
con el pretexto de trasladarlos a Chinchilla; pero con la orden verbal de que
fueran asesinados. Uno de los comprendidos de la relación original, D.
Francisco Gallego Sáenz, resistió el cumplimiento de la orden de salida y fué
asesinado en el interior de la prisión.
En los primeros días
de noviembre del propio año 1936, representantes de la «checa» de Fomento, con
miembros del ejército marxista, acudieron a las cárceles de Ventas, San Antón y
Porlier para requerir a los militares profesionales que sufrían prisión para
que se incorporasen al ejército rojo, amenazándoles de muerte si no atendían el
requerimiento. Como consecuencia de su actitud digna, negándose a mandar
fuerzas militares del Frente Popular, se decretó su asesinato, sin intervención
de tribunal alguno, y se hicieron listas, que se entrega-ron en la Dirección
General de Seguridad; este organismo autorizó las sacas de presos para su
asesinato, pretextando en algunos casos la libertad de los mismos, y en otros,
su traslado. Desde el día 1 hasta el 7 de noviembre de 1936 se sucedieron estas
expediciones, ordenadas bajo la firma del Director General de Seguridad, Manuel
Muñoz, en unos casos, y de los altos funcionarios de la misma Dirección, en
otros.
El 6 de noviembre de
1936 se presentaron en la Cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la
Dirección General de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al
mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de
libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número; en autobuses de la
Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por
conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de
Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Al día siguiente, 7 de noviembre,
se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos.
La orden de extracción de la Cárcel de todos estos reclusos fué firmada por el
Director General de Seguridad, que dispuso que el Director de la Cárcel Modelo
entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le
indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de
la Dirección General de Seguridad, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato referido
se extendió y firmó después de una conversación que con dicho Director general
sostuvo la Diputado socialista Margarita Nelken.
El avance victorioso
de las fuerzas nacionales y su aproximación a Madrid produjo como inmediatas
consecuencias la huida del Gobierno rojo de la capital de España y la
constitución de una Junta de Defensa de Madrid, presidida por el General Miaja,
en la que había una Consejería de Orden Público, de la que pasaron a depender
los detenidos gubernativos que lo estaban por sus ideas sin haber cometido infracción
alguna.
La Consejería de
Orden Público de la Junta de Defensa fué confiada a Santiago Carrillo, de las
J. S. U., y se nombró Delega-do de Orden Público, cargo equivalente, en su esfera de actuación,
al de Director General de Seguridad al redactor del diario socialista Claridad,
Segundo Serrano Poncela. Del Consejo creado en la Dirección General de
Seguridad pasaron a formar parte, entre otros, Manuel Rascón Ramírez, Manuel
Ramos Martínez, Ramón Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago, Félix
Vega, Arturo García La Rosa y Juan Alcántara; todos ellos de actuación muy
destacada en distintas «checas. de las que funcionaron en Madrid.
Este Consejo, en la
reunión celebrada el día 10 de noviembre de 1936, presidida por Serrano
Poncela, acordó las «normas» que había de seguir para seleccionar a los presos
de Madrid que debían ser asesinados en masa. A propuesta de su Presidente, se
estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la
de Capitán; segundo, falangistas, y tercero, todos los hombres que hubieran
tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular. Para este plan se
designó a unos representantes del Consejo, que acudieron a distintas cárceles
y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la
suerte de los mismos. También designó el Consejo un Delegado suyo para cada una
de las cárceles, cuyo misión consistía en hacerse cargo de las relaciones de
presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o
traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de
las consignadas en la documentación oficial. Con este cometido fueron
designados los militantes comunistas Andrés Urrésola Ochoa, para la Cárcel de
Porlier; Álvaro Marasa Barasa, para la de Ventas, y Agapito Sainz de Pedro,
para la de San Antón; todos estos dependían a su vez, de manera inmediata, del
miembro del Consejo Santiago Álvarez Santiago, también comunista. El Delegado
de Orden Público, Segundo Serrano Poncela, se encargó personalmente de dar las
órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la Dirección
General de Seguridad para disponer de los vehículos necesarios, y al Inspector
General de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los
elementos armados que acompañaban a las expediciones y componían los piquetes
de ejecución.
El plan fué tan
meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el
lugar de ejecución y el de enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron
su colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos del San
Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, y Torrejón de Ardoz, que ordenaron
a individuos de estas localidades que cavasen las fosas, y acudieron los días
previamente señalados para proceder al enterramiento de las víctimas.
Estos acuerdos del
Consejo de la Dirección General de Seguridad, encargado por el fugitivo
Gobierno del Frente Popular de la misión de velar por el orden público en la
capital, comenzaron a ponerse en ejecución a mediados de noviembre de 1936;
pero antes, la Junta de Defensa de Madrid,
procediendo en la misma forma en que lo había hecho el Gobierno
marxista, al que decía representar, publicó una nota, que apareció en la Prensa
diaria el 14 de noviembre de 1936, en la que, bajo la rúbrica “Saliendo al paso
de una infamia”, decía : “... Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni
menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de
cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no
permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella
intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas
establecidas”. Y en efecto; después de esta comunicación, cuando debían creer
que con ello acallaban la alarma internacional, comenzaron a ponerse en
ejecución los planes de asesinatos colectivos, organizados y elaborados por los
organismos del Orden público, dependientes de la propia Junta de Defensa, que
no hacía, en este caso, más que seguir el ejemplo que con su actuación anterior
le marcó el Gobierno del Frente Popular. Las diversas Comisiones se trasladaron
a las cárceles respectivas para interrogar a los que en ellas se encontraban
detenidos. Estos interrogadores utilizaban los datos extraídos de los ficheros
de la Dirección General de Seguridad y los de los partidos políticos; pero
principalmente procedían a capricho, guiados en muchas ocasiones única y
exclusivamente por lo ilustre de los apellidos de los detenidos, y se dejaban
influenciar fácilmente por sugerencias interesadas, habiéndose salvado por
presentación de aval, o intervención de otras personas, algunos detenidos que,
con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo, debían ser fusilados; en
este aspecto, los menos asequibles eran los representantes del Partido
Comunista. Los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los
asesinatos eran firmadas por el Delegado de Orden público y entregadas al
Responsable de la cárcel respectiva.
En ocasiones los
presos eran sacados de la cárcel sin documento oficial alguno, y días después,
para que el expediente carcelario quedase completo, se llevaba la orden de
traslado o de libertad, que daba una apariencia de legalidad a la salida del
recluso.
En las horas de la
madrugada los milicianos que prestaban servicio de guardia en el interior de la
cárcel, provistos de linternas, entraban a las galerías y, entre blasfemias,
insultos y amenazas, obligaban a los presos a levantarse, y los conducían al
lugar en que se concentraba para entregarlos a los miembros de las Milicias de
Vigilancia de Retaguardia, encargados de su traslado y ejecución; se les
registraba, robándoles lo que llevaban encima se les ataban las manos a la
espalda con bramante fino, y con fuerza tal, que les hacía saltar sangre de las
muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones, preparados al efecto,
propinándoles fuertes golpes y haciéndoles objeto de otros malos tratos. El
conocido autor teatral D. Pedro Muñoz Seca fué sacado de la cárcel de San Antón
el día 28 de noviembre de 1936, y —según declaración prestada en esta Causa
General por el testigo presencial D. Buenaventura González de Lara—entre otros
malos tratos de que fué objeto por parte de los milicianos, uno de ellos,
llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) «Dinamita», le dio fuertes tirones
del bigote, hasta arrancárselo en parte.
La conducción de los
presos y su asesinato estaba encomendada a los diversos destacamentos de
milicias de Vigilancia de Retaguardia, que turnaban en este cometido de acuerdo
con las instrucciones dadas por su Inspector general, Federico Manzano
Govantes, acompañando a cada expedición un representante del Consejo de la
Dirección General de Seguridad y algunos policías; a los miembros de las M. V.
R. se unían milicianos de guardia en las cárceles, que al regresar comunicaban
a los que todavía permanecían en la prisión los detalles de las matanzas
ejecutadas, y les amenazaban con depararles la misma suerte. A los asesinos se
agregaban también individuos de los Ateneos Libertarios y Radios Comunistas de
las barriadas de Guindalera, Elipa, Ventas y de los pueblos próximos al lugar
de la ejecución, al que acudían por el simple placer de cometer nuevos
asesinatos y para lucrarse con la ropa y algún objeto que pudieran hallar sobre
las víctimas.
De esta forma,
respondiendo a un plan acordado por los organismos oficiales, fueron inmolados,
sin formación de proceso ni imputación delictiva, millares de presos sacados de
las cárceles de Madrid en la última decena del mes de noviembre del año 1936 y
primeros días de diciembre del mismo año.
A partir de esta
época, la energía con que el nuevo Delegado de las prisiones de Madrid—un
anarquista que, en pugna con las demás autoridades rojas, y sobre todo con el
Partido Comunista, actuó desde el primer momento, por su personal y exclusiva
iniciativa, acabó con las matanzas de presos, demostró la facilidad con que
hubiera podido obtener este mismo resultado el Gobierno del Frente Popular, si
alguna vez se lo hubiese propuesto.
En Torrejón de Ardoz
(donde, después de la liberación de España, durante el mes de diciembre de
1939, fueron exhumados 414 cadáveres), en Ribas de Vaciamadrid y sobre todo en
Paracuellos del Jarama, donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres
fueron enterrados en montón los presos de Madrid asesinados en noviembre de
1936 por las autoridades del Frente Popular.
En Guadalajara, el 6
de diciembre del año 1936, a título de represalia por un bombardeo de aviación,
elementos armados de dicha capital, después de una conversación telefónica con
el Gobernador civil accidental, apellidado Cañadas, y con el consentimiento de
dicha autoridad, extrajeron de la cárcel a 290 presos y los asesinaron en los
alrededores de la población; en el Cementerio, por falta de trámites
reglamentarios en la entrega de los cadáveres, se negaron a hacerse cargo de
éstos, que fueron entonces abandonados en el campo. Días después fuerzas
militares rojas del batallón Rosemberg los encontraron, y si bien, en un
principio, pensaron quemarlos, acabaron desistiendo de este propósito y
procedieron a darles sepultura en el mismo lugar donde se hallaban.
Ya entrado el año
1937, en Jaén, una Comisión del Frente Popular, de acuerdo con el Gobernador,
hizo una selección de 173 presos y ordenó su asesinato, que fué ejecutado
inmediatamente.
También durante el
mismo año 1937, en Madrid, terminados los asesinatos en masa, el Consejero de
Orden Público comunista, de la Junta de Defensa, presidida por el General
Miaja, José Cazorla Maure, encomienda a sus agentes de confianza la tarea de
hacerse cargo de aquellos presos que, por no haber delinquido contra el régimen
rojo, eran puestos en libertad, pero que, no obstante, y a juicio de Cazorla,
debían ser asesinados. Los excarcelados eran conducidos a prestar su servicio
militar con carácter obligatorio a Unidades militares comunistas, previamente
advertidas, en las que, en vista del informe que acompañaba a los referidos
reclutas, eran éstos asesinados. Estos crímenes, públicamente conocidos,
provocaron una ruidosa polémica entre el Partido Comunista, que apoyaba a
Cazorla, y los anarquistas, que le combatían violentamente, de la que se hizo
eco la Prensa madrileña.
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