Capítulo XIII OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ROJA

Capítulo XIII

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ROJA

La relajación de costumbres y la disolución de la moral en la vida familiar y social han sido en la zona marxista española consecuencia inseparable del comunismo, verdadero y exclusivo rector y beneficiario del Frente Popular, que le sirvió de máscara. La relación sexual desenfrenada en los mismos frentes de combate entre milicianos y milicianas durante los primeros meses de la contienda llegó a despertar la alarma de los jefes militares rojos ante el estrago que las enfermedades específicas producían entre los milicianos que, en número considerable, tenían que ser evacuados a los hospitales antivenéreos. Las uniones matrimoniales se solemnizaban con suma facilidad ante cualquier mando de milicias, y con la misma facilidad eran olvidados estos vínculos por los contrayentes. El Decreto de 10 de abril de 1937 (publicado en la Gaceta de la República del día 13 del mismo mes y año) daba efectos legales a las uniones matrimoniales celebradas a partir del día 18 de julio de 1936 ante cualquier autoridad o funcionario público, Comités de cualquier entidad política o sindical, jefes militares o Comisarios o Delegados de Guerra, por militares o milicianos con capacidad para contraer matrimonio, muertos en campaña o en acto de servicio. Y el artículo 2.° de la misma disposición legal roja implantaba el matrimonio por uso, al considerar legalmente viuda a la mujer que hubiese vivido con militar o miliciano muerto en campaña, siempre que aquél la hubiere tenido «en concepto de compañera durante un plazo superior a diez meses, o menor si de resultas de la unión hubiere quedado embarazada». Como el artículo 7.° del Decreto mencionado sólo concedía un plazo de dos meses para que el verdadero cónyuge, o cualquier otro interesado, pudiera impugnar tal declaración de matrimonio, el resultado de esta innovación legislativa no pudo ser otro que un extraordinario número de duplicidad de situaciones matrimoniales en que, por imperio de los preceptos rojos, la nueva y arbitraria inscripción cancelaba el matrimonio legítimo preexistente, sobre el cual debía prevalecer; como consecuencia de ello, a las oficinas rojas acudían, con pretensiones encontradas mujeres que alegaban su derecho a los beneficios de viudedad correspondientes a un mismo miliciano. Los casos de bigamia—favorecidos por la nueva legalidad roja, que prescindía de toda formalidad seria, incluso para el reconocimiento de matrimonio inter vivos—fueron también fenómeno corriente en la España dominada por el Frente Popular, hasta el punto de que el propio Gobierno rojo, alarmado ante el libertinaje resultante de sus ensayos legislativos, dejó sin efecto, por Decreto de 4 de agosto de 1937, la libertad de formas matrimoniales implantada por el Decreto mencionado en primer lugar. La célebre "Oficina Jurídica" de Barcelona—implantada arbitrariamente, por encima de la legalidad republicana, por sus creadores, que la convirtieron en instrumento jurisdiccional de constantes atropellos y en fuente de pingües beneficios—decidió en una sola mañana (1 de octubre de 1936) 50 divorcios.

La blasfemia y la pública procacidad imprimían carácter a las poblaciones españolas sojuzgadas por el Frente Popular. El aborto voluntario es legalizado y provocado en Barcelona en Centros sanitarios públicos. No es respetada ni la infancia, cuya corrupción había sido ya comenzada por el comunismo durante el período prerrevolucionario por medio de la obra de los «Pioneros» rojos. Comenzado el Movimiento, a la influencia moral se une la acción material y, bajo pretextos benéficos, multitud de niños son separados de sus familias y enviados a la Rusia soviética, sin posibilidades de rescate, para servir un frío designio proselitista y de propaganda.

La degradación de la vida espiritual y de las costumbres, tan rápidamente alcanzada por la España frentepopulista, va acompañada de la mayor miseria en el orden económico-social, debida principalmente, no a las privaciones directamente resultantes de la guerra, sino a la rapiña y a la desorganización derivada de la aplicación de los principios combinados del anarquismo y del comunismo: Provincias dotadas de abundantes recursos económicos ven trastornada su producción, malbaratadas sus reservas y reducido su consumo hasta límites increíbles. Las milicias disparan contra los rebaños durante los primeros meses de la contienda civil por simple placer de destrucción, quedando las reses muertas abandonadas en el campo y sufriendo un grave quebranto la riqueza ganadera de comarcas enteras, dando lugar a advertencias, poco enérgicas y nunca acatadas, de las autoridades marxistas. Las existencias de los comercios de Madrid, durante los primeros meses del Movimiento, fueron extraídas por los milicianos y sus familiares, que entregaban a cambio vales de sus respectivos Comités, cuyo equivalente en dinero no era abonado, resultando incluso peligrosa cualquier pretensión de los comerciantes en este sentido.

La zona de Aragón, dominada por las milicias anarquistas catalanas, padeció la más sangrienta tiranía y la desorganización económica más absoluta, hasta el punto de dar lugar a un choque entre dichas milicias y el Gobierno marxista, que se resolvió con la derrota anarquista y la disolución del Consejo de Aragón, quedando la población civil de aquella comarca libertada de la dictadura del cabecilla de la C. N. T., Ascaso, para caer bajo el mando directo —igualmente sectario e incapaz, pero menos utópico y desatinado en sus medidas—del Gobierno del Frente Popular.

Ni siquiera en materia de política social el marxismo —que había empleado, con carácter demagógico y negativo, las promesas de emancipación obrera como bandera para la lucha de clases— procuró bajo su mando a los trabajadores ninguna ventaja efectiva a cambio de la desorganización causada en la producción y de la anarquía provocada en la disciplina de las empresas. Por el contrario, aquellas ramas industriales que el Gobierno rojo descubre que pueden ser todavía lucrativas, son socializadas por una serie de disposiciones oficiales a partir del año 1937; pero no en favor de los obreros, sino del propio Gobierno rojo, que ensaya de este modo un arbitrario socialismo de Estado, sin que los trabajadores lleguen a experimentar la generosidad del nuevo patrono. Así, concretamente, la explotación de la industria del espectáculo que, en medio de la miseria general, constituía en la zona roja un saneado negocio, fue asumida por el Estado, que diariamente se apropiaba de la recaudación por medio de sus Juntas Oficiales de Espectáculos, sin que los trabajadores de dicho ramo pudiesen disponer de tales fondos, ni siquiera participar en los mismos para mejorar de un modo efectivo su situación.

Y en contraste con la miseria de la población civil y con las privaciones que desde los pocos meses siguientes al comienzo de la contienda comienzan a sufrir los soldados rojos, son constantes los alardes de abundancia y de lujo realizados por las autoridades del Frente Popular. Prescindiendo de la ostentosa vida del último jefe del Gobierno, Dr. Negrín, y demás miembros de dicho Gobierno, así como de las autoridades centrales, para atender exclusivamente a algún caso producido en Madrid, puede señalarse que en esta capital —cuyos habitantes se encontraban desde hacía mucho tiempo sometidos a un racionamiento inverosímil— el militante socialista Ángel Pedrero, elevado por el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, a la Jefatura del Servicio de Investigación Militar del Ejército del Centro —entre otras costosas fiestas—, agasajó el 19 de Marzo de 1938 al General Miaja con un banquete en el Hotel Ritz que produjo 37.600 pesetas de gastos.

* * *

En definitiva, los crímenes cometidos por el Frente Popular en la zona de España que estuvo sometida a su dominio revisten tal magnitud, que solamente los asesinatos debidamente investigados alcanzan la cifra de 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de guerra

Número 2

"Los comienzos del Frente Popular", editorial del " Journal de Généve" del día 17 de enero de 1937, por D. Niceto Alcalá Zamora, ex Presidente de la República española.

«... Las primeras siete semanas del «Frente Popular» fueron las últimas de mi presidencia, desde el 19 de febrero al 7 de abril de 1936, con el Ministerio Azaña. Durante cierto período, uno de los Poderes del Estado, el que yo ejercía, escapaba todavía al «Frente Popular». Durante los cien días que siguieron y que precedieron a la guerra civil, la ola de anarquía ya no encontró obstáculo. La táctica del «Frente Popular» se desdobló. En las Cortes se atrevió a todo; en el Gobierno quedaba débil, pero provocadora.

«El «Frente Popular» se adueñó del Poder el 16 de febrero gracias a un método electoral tan absurdo como injusto, y que concedió a la mayoría relativa, aunque sea una minoría absoluta, una prima extraordinaria. De este modo hubo circunscripción en que el «Frente Popular», con 30.000 votos de menos que la oposición, pudo, sin embargo, conseguir diez puestos más en cada trece, sin que en ningún sitio hubiese rebasado en un 2 por 100 al adversario más cercano. Este caso paradójico ge bastante frecuente.

«Al principio se creyó que el «Frente Popular» resultaba vencido. Pero cinco horas después de la llegada de los primeros resultados, se comprendió que las masas anarquistas, tan numerosas y que hasta entonces se habían mantenido fuera de los escrutinios, habían votado compactas. Querían mostrar su potencia, reclamar el precio de su ayuda: la paz y, tal vez, la misma existencia de la Patria.

«A pesar de los refuerzos sindicalistas, el «Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 Diputados. Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla, consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.

«Primera etapa: Desde el 17 de Febrero, incluso desde la noche del 16, el «Frente Popular», sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden: reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis; algunos Gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.

«Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, ge fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el «Frente Popular» eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron Diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios Diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria, se trataba de la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura. Se perseguían dos fines: hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y asegurar al grupo menos exaltado del «Frente Popular». Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudieran prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.              

«De este modo las Cortes prepararon dos golpes de Estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil

1. COMITÉ PROVINCIAL DE INVESTIGACIÓN PUBLICA (CHECA OFICIAL DE LA CALLE DE FOMENTO)

A primeros de agosto de 1936, cuando ya había comenzado en Madrid la serie de asesinatos, que no decayó en cantidad hasta diciembre del mismo año, se celebró en el palacio del Círculo de Bellas Artes una reunión, convocada y presidida por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez (Diputado a Cortes del Partido de Izquierda Republicana y grado 33 de la Masonería). En la reunión referida, celebrada con asistencia de representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales que integraban el Frente Popular, se acordó la constitución de un Comité Provincial de Investigación Pública, que, en estrecho y permanente contacto con la Dirección General de Seguridad roja, debía encargarse de dirigir la política represiva , con amplias atribuciones.

Según testimonios unánimes y coincidentes de cuantos asistieron a la expresada reunión constitutiva del Comité Provincial de 1vrstigación Pública, quedó claramente aceptada por el Director de  Seguridad la atribución de amplias facultades al referido Comité para que, erigido en «checa», acordase, sin limitaciones ni formalidades de ninguna clase, los asesinatos que estimara convenientes; entre otras declaraciones terminantes en este sentido constan las prestadas por Manuel Rascón Ramírez, miembro destacado de uno de los Tribunales de la «checa», así como las del Ingeniero, afiliado a Izquierda Republicana, Julio Diamante Menéndez (condenado a una pena temporal relativamente benigna por el Consejo de Guerra que le juzgó), quien acredito que en la reunión, presidida por el Director de Seguridad, éste acogió  sonriente la exigencia de alguno de los reunidos, que reclamó para el nuevo Comité las más amplias facultades para acordar asesinatos; actitud que, al no permitir ya duda alguna acerca del carácter de «checa» que el organismo creado había de revestir, impulsó al mencionado Julio Diamante a abstenerse de participar en las tareas activas del Comité, en el cual siguió representado el Partido de Izquierda Republicana por otros individuos.

El Comité Provincial de Investigación Pública, formado a base de diversas Secciones o «Tribunales», con representación de los partidos y Sindicales obreras que habían enviado sus delegados a la sesión constitutiva, funcionó hasta fines del mes de agosto en los sótanos del Círculo de Bellas Artes; después se trasladó a un palacio, en el número g de la calle de Fomento, donde el Comité continuó hasta su disolución, en noviembre del mismo año 1936, recibiendo, por razón de su emplazamiento en esta segunda etapa, el nombre de Checa de Fomento, tan conocido y temido en Madrid.

En sus dos etapas de actuación, esta «checa» oficial dispuso del derecho más absoluto de vida y muerte sobre toda la población de Madrid; facultades que le estaban plenamente reconocidas por el Gobierno del Frente Popular y por la Dirección General de Seguridad, que tenía sus delegados fijos en la «checa» de Fomento y entregaba a ésta cuantos detenidos eran reclamados por la referida «checa» para ser asesinados, realizándose estas entregas, bien se encontrasen los detenidos en los calabozos de la Dirección General de Seguridad o en alguna cárcel, existiendo abundante constancia documental de estas órdenes de entrega dadas por la Dirección General de Seguridad roja.

La creación del Comité Provincial de Investigación Pública no tuvo como consecuencia la disolución de las demás «checas» —que en número de más de doscientas funcionaron de un modo perfectamente comprobado en Madrid—puesto que la mencionada «checa» oficial, lejos de acordar la disolución de las demás y atribuirse—aun dentro de la irregularidad que la caracterizaba—el monopolio de la represión, contribuyó a reforzar la autoridad de las otras «checas», dotando de investidura oficial a los grupos de asesinos de las mismas, que a tales efectos eran considerados como dependientes de la «checa» oficial de la calle de Fomento; encontrándose este extremo acreditado por documentación auténtica que contiene las plantillas del personal nominalmente afecto al Comité Provincial de Investigación Pública.

Según manifestaciones hechas por algunos de los miembros de esta «checa» ante el Consejo de Guerra que los juzgó, en ella tanto la libertad como la condena a muerte dependían con frecuencia del simple capricho o de la simpatía o antipatía personal, y las actuaciones referentes a cada detenido no ocupaban más de una cuartilla de papel.

Después de comparecer el detenido ante el Tribunal, éste le interrogaba entre insultos y amenazas, que tenían por objeto arrancarle la confesión de creencias religiosas o ideas políticas cuya existencia daban los interrogadores por cierta, soliendo recurrir, a fin de sorprender y desconcertar al detenido, cuando las violencias empleadas no bastaban, a mostrarle de lejos una tarjeta que uno de los «jueces» sacaba del cajón de la mesa, tratando de hacer creer a la víctima que se trataba de su propia ficha, encontrada en alguno de los múltiples ficheros ocupados a los partidos políticos enemigos del Frente Popular. Acabado el interrogatorio y con él el «juicio», sin que se hubiera dado al detenido medio alguno de defensa, el «Tribunal» resolvía. Tres eran los acuerdos que se tomaban : libertad, asesinato o cárcel.

Los acuerdos de asesinato se hacían constar en la hoja  correspondiente por medio de la inicial «L» , como en el caso de libertad efectiva, pero con la diferencia de agregar a dicha «L» un punto, signo ortográfico que servía de contraseña para el inmediato asesinato del detenido, que era entregado con esta finalidad a alguna de las brigadillas.

Estas brigadillas, constituidas por un jefe, a quien se llamaba «responsable», y cuatro individuos, estaban específicamente dedicadas tanto a las detenciones y registros como al cumplimiento de los asesinatos acordados por cada «Tribunal». Cada partido político u organización sindical integrante del Frente Popular se hallaba representado en la «checa» por varios de estos grupos o brigadillas. Cuando la tarea que pesaba sobre estas brigadillas resultaba excesiva, se recurría también para los asesinatos a los milicianos del turno de guardia que prestaban sus servicios en el edificio de la «checa».

Entre los jefes o responsables de tales brigadillas acaso resulte el más destacado, por su monstruosa actuación, un anarquista llamado Antonio Ariño Ramis (a) «El Catalán», malhechor común, Jugado de la Penitenciaría francesa de La Guayana, autor material de centenares de asesinatos, tanto en Madrid como en Vallecas, Fuentidueña de Tajo y algunos pueblos más de la provincia, el cual, al disolverse la «checa» de Fomento, pasó a formar parte del llamado Consejillo de Buenavista, donde continuó cometiendo asesinatos, también en gran número y con iguales caracteres de ferocidad.

De modo fehaciente, por denuncias formales presentadas por las familias de las víctimas, constan denunciados ante la Causa General de Madrid bastante más de mil asesinatos cometidos por la «checa» oficial de Bellas Artes y Fomento, obrando los nombres y circunstancias de las víctimas, así como la fecha de su detención; pero teniendo en cuenta las dificultades que en aquella época de terror impedían a las familias de los desaparecidos determinar los lugares donde los mismos eran conducidos o las «checas» que realizaban el asesinato, y teniendo también presente que al Comité Provincial de Investigación Pública afluían para su enjuiciamiento ilegal y ulterior asesinato muchos detenidos procedentes de otras «checas», puede establecerse en muchos millares el número de asesinatos decididos por el Comité de Investigación Pública y ejecutados por sus agentes y milicianos, con la aprobación y asistencia de la Dirección General de Seguridad roja, que facilitaba a la «checa» los ficheros y relaciones de antecedentes que a la misma pudieran interesar para sus actividades de persecución.

También por testimonios fidedignos y terminantes consta el permanente contacto entre los dirigentes de la «checa» y las máximas autoridades rojas, no sólo por parte del Director de Seguridad, sino también del Ministro de la Gobernación, Angel Galarza, a quien los dirigentes de la «checa» trataban con gran familiaridad; a instancia de estos últimos fueron remitidos a la «checa», para que ésta se encargase de su distribución entre los elementos afectos a la misma, gran número de carnets de agentes del Gobierno. La Dirección de Seguridad tenía noticia diaria del balance de las criminales actividades del Comité de Investigación Pública por medio de sus delegados fijos en la «checa», a disposición de los cuales eran puestos con frecuencia los detenidos, que la Dirección General de Seguridad ordenaba entregar al Comité de Investigación Pública.

La recomendación influía de un modo decisivo en las determinaciones de la «checa», por graves que—según el criterio marxista—fuesen los cargos que apareciesen contra los detenidos.

Entre las víctimas de la «checa» de Fomento se cuentan debidamente concretadas, muchas mujeres y numerosos sacerdotes y religiosos, así como también gran número de obreros.

El día 2 de octubre de 1936 fué detenida por la «checa» la señorita Dolores Falquina y García de Pruneda, de veinticinco años, por el único motivo de haber acudido a reclamar noticias de su padre, Comandante de Ingenieros D. Antonio Falquina Jiménez, que detenido por el Comité de Investigación Pública, no había dado a su familia noticia alguna de su paradero. Tanto el Sr. Falquina como su hija Dolores fueron asesinados por la «checa» de Fomento. La señorita María de los Dolores Rizzo y Goñi, que coincidió, también como detenida en la «checa» de Fomento, con su amiga Dolores Falquina, refiere en los siguientes términos, en declaración prestada ante la Causa General, los últimos momentos de la víctima : «...Al día siguiente, día 3 de octubre, de madrugada, llamaron para declarar a la señorita Falquina y le preguntaron si era de Acción Católica y que dijera dónde estaban escondidos unos jóvenes falangistas. Contestó que, en efecto, era secretaria de la Parroquia de San José y que no conocía a tales muchachos, cuyos nombres, en verdad, le eran completamente desconocidos. A las cuatro de aquella misma madrugada fue llamada nuevamente por un miliciano portador de un sobre azul. Tanto la declarante como la víctima creyeron que iba a ser puesta en libertad; pero pocos minutos después oyó la que declara un fuerte grito dado por la víctima, y que lo conoció por la voz. Después no volvió a la celda ni se ha sabido más de ella, suponiendo fuera seguidamente asesinada...»

En los sótanos de la «checa»—según se encuentra acreditado—el dirigente socialista Tomás Carbajo asesinó a tiros al Duque de Hornachuelos, que se encontraba recluido en uno de los calabozos y que acababa de sufrir un ataque de enajenación mental.

Los chequistas tratados con más confianza por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, y que visitaban a éste con mayor asiduidad, eran el ya mencionado Tomás Carbajo, el comunista Arturo García de la Rosa y el correligionario de Manuel Muñoz, Leopoldo Carrillo Gómez. Pero quien visitaba al Director de Seguridad casi diariamente en el edificio de la Dirección, para hacerle entrega de la mejor parte de las alhajas u objetos de valor producto de los saqueos realizados por la «checa» en los domicilios de sus víctimas, era el también miembro de Izquierda Republicana Virgilio Escamez Mancebo, que ejercía en la «checa» el cargo de tesorero.

El testigo D. Federico Arnaldo Alcover, Abogado, que acudió en cierta ocasión del mes de octubre de 1936 al Comité de Investigación Pública para visitar a Arturo García de la Rosa, acompañado de un pariente de dicho dirigente de la «checa», presenció que el llamado Tribunal presidido por De la Rosa juzgó en el espacio de media hora a unas doce personas, que después de ser interrogadas brevemente sobre cuestiones sin trascendencia, mediante preguntas que prejuzgaban el criterio de los chequistas, y sin que se escribiese ni firmase nada, eran sacados de la sala, resolviéndose inmediatamente acerca de su muerte, y dándose cuenta el visitante de que la casi totalidad de los examinados, que habían sido insultados durante su interrogatorio, eran condenados a muerte, para ser ejecutados de madrugada. El mismo testigo refiere haber visto amontonados en el suelo gran número de objetos de culto religioso, y agrega que en algunas de las Custodias se hallaba todavía la Sagrada Forma.

Por orden del Director General de Seguridad se resolvió que los haberes que se pagaban a los «jueces», agentes y milicianos de la «checa» saliesen del saqueo, resultando suficientes para ello las cantidades que en metálico y billetes requisaban los agentes de la «checa», 'sin que hubiese que recurrir a realizar con esta finalidad los valores o alhajas, ya que incluso del dinero recogido sobraba una parte, que iba siendo entregada al Director de Seguridad, dándose el mismo destino a lo intervenido a los detenidos sobre su persona.

Los «tribunales» de la «checa» funcionaban ininterrumpidamente, con carácter permanente, relevándose por turnos de a ocho horas siendo de mucha actividad las horas de la noche y de la madrugada elegidas por los agentes de las diversas brigadillas para realizar las ejecuciones en las carreteras y cementerios de las afueras de la capital. En cada turno funcionaban simultáneamente tres «tribunales», encargados de juzgar a los detenidos.

Los agentes de las brigadillas de ejecución de la «checa» de Fomento pasaron en bloque, a través de las Milicias de Vigilancia de retaguardia, a integrar la Policía roja, en cuyas filas actuaron hasta . liberación de la zona marxista.

Entre multitud de crímenes análogos realizados por el Comité de Investigación Pública, puede citarse el asesinato colectivo de cincuenta detenidos que se encontraban en los calabozos de la «checa» y que en las primeras horas del día 31 de octubre de 1936 fueron conducidos en autobuses al pueblo de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal fueron asesinados y enterrados en una gran zanja previamente abierta. Entre estas víctimas—exhumadas después de la liberación de Madrid—figura identificado el cadáver del joven de veinte años Annonio Morales Antuñano. (En la fotografía anexa aparece la fosa tal como quedó al practicarse las exhumaciones.)

Al disolverse el Comité Provincial de Investigación Pública, en noviembre de 1936, por temor a las Fuerzas nacionales que, en su avance, habían llegado ante Madrid, la «checa» entregó al Gobierno  rojo—aparte de otras entregas que de un modo continuo había venido realizando con anterioridad y de lo que en provecho propio sustraían los chequistas—cuatrocientas setenta y dos cajas de alhajas y dos de oro y plata, procedentes de las expoliaciones realizadas en domicilios de las víctimas, de cuyo tesoro dispuso en su beneficio el Gobierno rojo.

Disuelta la «checa» de Fomento, sus miembros se reparten. con autorización del Gobierno, parte de los fondos obtenidos en los saqueos, a razón de treinta mil pesetas cada "juez" de la "checa". sus mismos individuos formaron inmediatamente un Consejo de policía , presidido por los comunistas Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela, a cuyo cargo quedó de un modo exclusivo el orden público en la Capital abandonada por el Gobierno rojo. El referido Consejo de Orden Público repartió a sus miembros entre las diversas cárceles de Madrid, y tras una brevísima selección, que ya había sido comenzada por el disuelto Comité de Investigación Pública, fueron extraídos de las prisiones, entonces abarrotadas, varios millares de presos de todas las edades, profesiones y condiciones sociales, que fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia improvisadas por el Gobierno rojo en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y otros lugares próximos a Madrid, donde reposan los restos de estas víctimas. Las órdenes que sirvieron para realizar estas extracciones aparecen firmadas por las autoridades rojas de orden público. (Documentos 2 y 3.)

Tales extremos son sobradamente conocidos y se encuentran confirmados por abundante prueba documental y por declaraciones  de testigos y de inculpados que ponen de manifiesto la directa responsabilidad del Gobierno en la creación de la «checa» de Bellas Artes y Fomento y en las criminales actividades de la misma.

Existe un documento que prueba de modo incontrastable esta responsabilidad histórica del Gobierno del Frente Popular: Con motivo del asesinato, durante el período rojo, de un vecino de Madrid llamado D. Bernardo Tomás Chelvi Mulet, y de haber sido detenido por las autoridades rojas, acusado del secuestro y asesinato de dicho señor, el destacado elemento de Izquierda Republicana, Leopoldo Carrillo Gómez, representante de dicho Partido en la ya disuelta «checa, de Fomento, la Agrupación de Izquierda Republicana de Madrid—no obstante haber sido puesto en libertad Leopoldo Carrillo a los tres días—dirigió un escrito de protesta, en mayo de 1937, al Ministro de la Gobernación, quejándose de la detención sufrida por Leopoldo Carrillo y afirmando que, por haber actuado el Comité de Investigación Pública de acuerdo con el Gobierno del Frente Popular y bajo la dependencia del mismo, los miembros de dicho Comité debían ser plenamente amparados, sin que pudiera admitirse fueran molestados en ningún caso por las responsabilidades contraídas ni las sanciones acordadas en el ejercicio de sus funciones; debiendo cumplirse en este respecto lo convenido entre el Ministro de la Gobernación y la Comisión del referido Comité, que a tal objeto visitó al Ministro en Valencia el 12 de febrero de 1937, presentándole un escrito firmado por los representantes de las organizaciones, reclamando plena garantía para los miembros del extinguido Comité; documento, el de I. R., que el Ministro transcribió, dirigiéndose oficialmente con tal motivo a la Dirección de Seguridad, en comunicación de 14 de mayo de 1937, que aparece firmada por dicho Ministro rojo, Angel Galarza, como puede apreciarse en la fotocopia que se acompaña.

Por vía de ejemplo de lo que era práctica diaria en multitud de casos, también comprobados documentalmente, se incorpora a la presente relación informativa fotocopia de un escrito enviado al Director General de Seguridad rojo, en 21 de septiembre de 1936, por el entonces detenido D. Francisco Ariza Colmenarejo, quien—a fin de evitar su asesinato—suplica que no le sea concedida la libertad hasta que las autoridades puedan responder de su seguridad personal. Y, como respuesta a esta angustiosa petición se expide una orden de libertad fechada en 23 del mismo mes de septiembre de 1936, que consigna que esta libertad es otorgada previo aval del Comité Provincial de Investigación Pública. Según consta en la Causa General, el referido señor Ariza Colmenarejo, así entregado a la «checa» de Fomento, fue seguidamente asesinado.

Finalmente, merece ser destacado otro caso que de modo bien patente muestra el sentido vengativo de la «checa» oficial de la calle de Fomento. Se trata del asesinato del Capitán de Asalto D. Gumersindo de la Gándara Marvella, que, encontrándose detenido en la cárcel de San Antón, es entregado por la Dirección General de Seguridad, en 26 de septiembre de 1936, al referido Comité Provincial de Investigación Pública, que lo ejecuta inmediatamente, en unión de los también Oficiales de Asalto D. Carlos Cordoncillo y D. Manuel López Benito, siendo de notar que la propia autoridad judicial roja había acordado va la libertad de dichos Oficiales por no haberse apreciado en ellos ninguna conducta hostil contra la República, conforme se acredita por los documentos obrantes en el anexo correspondiente.

La clave del asesinato del Capitán Gándara—conocidamente republicano—sólo puede encontrarse en haber sido uno de los firmantes del acta que en 26 de febrero de 1933 suscribieron cinco Capitanes de Asalto con mando en Madrid, por motivos que alcanzaron por entonces  triste notoriedad:  los campesinos anarquistas del poblado de Casas Viejas (Cádiz), moralmente envenenados, como todas las masas trabajadoras españolas en aquella época, por la propaganda demagógica realizada con miras electorales por los partidos políticos de izquierdas, se rebelaron—precisamente contra el Gobierno izquierdista presidido por Manuel Azaña—haciendo uso de las armas. La represión fue cruel, y la fuerza pública enviada por el Gobierno fusiló en el acto a cuantos prisioneros cogió, incluso mujeres. Al ser conocidos estos sucesos y denunciados en el Parlamento, aquel Gobierno—después de pretender negarlos y de ejercer coacciones sobre algunos de los Oficiales que habían intervenido en la represión, para que no declarasen la verdad—atribuyó lo ocurrido a extralimitación de la fuerza pública, que no se había atenido a las órdenes recibidas. Ante esta actitud ministerial, y a fin de defender el prestigio del Cuerpo de Asalto, los cinco capitanes de dicho Cuerpo con mando en Madrid suscribieron un acta, en la que afirmaban que las órdenes superiores transmitidas a las fuerzas de Madrid por aquella época eran las de que el Gobierno no quería ni heridos ni prisioneros. Fueron inútiles los esfuerzos hechos por el Gobierno Azaña para que estos Capitanes retiraran su acta, y en vista de ello fueron encarcelados y separados del Cuerpo de Asalto. Pero la impresión producida por estas revelaciones y por otras pruebas evidentes fue tan viva, que el Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, llegó a ser procesado por auto judicial de 13 de marzo de 1933, y el Jurado que juzgó en Cádiz al Jefe de la fuerza pública que con tanta dureza había actuado en el pueblo de Casas Viejas, estimó la existencia real de las órdenes superiores, al responder dicho Jurado a la pregunta octava del veredicto. Incluso fue presentada ante el Tribunal de Garantías Constitucionales una acusación contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y demás miembros del Gobierno, que no prosperó por no haber sido presentada por el Parlamento, única entidad facultada, según la legislación republicana para acusar a los Ministros.

El Capitán Gándara—que había servido sin reservas a la República hasta que, en 1933, su conciencia le impuso el deber de proclamar las graves responsabilidades del Gobierno republicano-socialista presidido por Azaña—es asesinado en 1936 por el Frente Popular, siendo Azaña Presidente de la República y Largo Caballero Jefe del Gobierno.