¡VIVA LA REPÚBLICA!

Desde el mismo día en el que tuvo lugar la sublevación militar, los vencedores de la Guerra Civil pusieron todo su empeño en borrar la huella y el legado del régimen republicano nacido el 14 de abril de 1931. Para ello no dudaron en eliminar físicamente a sus representantes políticos e intelectuales, a los hombres y mujeres que habían luchado en su defensa durante los tres años que duró la contienda.
Pero, por si esto no fuera suficiente, también hicieron todo lo posible para distorsionar su imagen, de tal manera que la II República apareciera en adelante como un régimen en esencia pernicioso, marcado por el desorden y abocado al fracaso. Por supuesto, los sublevados se erigieron en los únicos defensores de unos valores tradicionales que el nuevo régimen hacía peligrar. De aquellos cinco años sólo quedaría en la memoria colectiva la quema de algunos conventos y la conflictividad social.
A esta visión nefasta vinieron a sumarse los crímenes cometidos en la zona republicana, sobre todo durante los primeros meses de guerra, a manos de los grupos revolucionarios más radicales, incontrolados tras la caída de las estructuras del poder republicano, y que se cebaron en el clero y en los sectores sociales más representativos de la derecha, a los que identificaban con aquellos grupos reaccionarios que habían impedido la consolidación de la República.
De nada sirvieron los logros alcanzados en materia educativa con la creación de miles de escuelas, el florecimiento de uno de los momentos más fecundos de la cultura española, la consecución del derecho de voto femenino, el desarrollo de la organización territorial del Estado, las reformas sociales encaminadas a modernizar nuestra sociedad y a mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, el pleno reconocimiento a los españoles de su condición de ciudadanos como sujetos partícipes de una democracia.
La República que llegó entre el entusiasmo popular mientras el rey Alfonso XIII abandonaba el país -no tanto por una cuestión de generosidad del monarca como se ha hecho creer sino porque en ese momento ya no tenía los apoyos suficientes para mantenerse en el trono- creó una legislación que pretendía defender el nuevo régimen contra los grupos que desde el primer día se habían dedicado a conspirar contra ella.
El intento de cambiar las estructuras políticas y sociales de un país atrasado se estrelló contra las oligarquías, los militares intervencionistas y la jerarquía católica. El afán reformista de los gobiernos progresistas trató de modificar con excesiva celeridad una sociedad nada acostumbrada a vivir a la luz de los valores democráticos, y este empeño liberalizador acabó radicalizando a los sectores más conservadores. En el extremo político opuesto también se produjeron enfrentamientos con las autoridades republicanas so pretexto de una supuesta moderación o lentitud en las reformas emprendidas.
Los detractores del periodo republicano alegan con frecuencia los desórdenes públicos, hecho al que no era ajeno nuestro país en un momento especialmente convulso de nuestro entorno europeo, o los peligros de una revolución comunista, excusa tan simple como carente de todo fundamento.
En estos días tienen lugar en Teruel un ciclo de actividades dedicado a conmemorar la II República, como acto de estricta justicia con aquel periodo esperanzador y fecundo de la historia de España condenado al olvido tras la victoria franquista. Con sus luces y con sus sombras.
Algunos plantean al hilo de estos actos conmemorativos en su setenta y cinco aniversario la reivindicación de una Tercera República. No creo que esa sea una cuestión prioritaria a la vista de que vivimos en un sistema aceptado mayoritariamente por los españoles, máxime cuando merece la pena dedicar el esfuerzo a mejorar el propio sistema desde el punto de vista de la calidad democrática.
En ese esfuerzo, tenemos un precedente histórico deformado intencionadamente, el de la II República, que no fue una época idílica pero tampoco el desastre que algunos han pretendido mostrar durante años. Y en ese referente siguen vigentes los llamados valores republicanos, incluida la honradez, no sólo aplicable a los dirigentes políticos sino también a los ciudadanos en general, a nosotros mismos. Alfonso Casas. Abogado