Editorial de un periódico de difusión nacional hace tres años:
El afán de separatistas, radicales y marxistas por imponer sus criterios a toda costa, ignorando, cuando no coaccionando, a media España hizo imposible una convivencia democrática y al final nos arrastró al trágico desenlace de la guerra civil.
Hoy toca negociar porque es la estrategia de la que más rentabilidad puede sacar la causa de Otegui, no porque este sicario crea en la paz, sino porque es la consecuencia triunfante de los muchos asesinatos cometidos. Batasuna-EtA recoge hoy los frutos de sus muchos años de aterrorizar a la sociedad española.
Llegaba la hora de la renovación desde afuera.
Sin embargo la II República se proclamó de forma ilegal y fuera de los debidos cauces democráticos, por mucho que se quiera otorgar carácter plebiscitario a los resultados de aquellas elecciones locales. Como bien apuntaba el ABC del 14 de abril de 1931: “Pedimos la legalidad” “Solo unas Cortes elegidas con arreglo a la vigente constitución, por sufragio universal, pueden modificar lo que deba ser modificado. Ahora los periódicos de izquierda gritan como energúmenos que se cumpla la voluntad nacional. Lo mismo hemos pedido y seguimos pidiendo nosotros: pero legalmente, jurídicamente: esto es, en las Cortes. Nos resignaríamos ante una República proclamada en el Parlamento después de unas elecciones garantizadas y seguiríamos defendiendo nuestros ideales de una monarquía constitucional y parlamentaria. Pero rechazamos todo hecho de fuerza, toda imposición irregular y arbitraria de un régimen.”
Conviene pues desmontar ciertos mitos. En primer lugar el carácter plebiscitario de los resultados de las elecciones municipales. Naturalmente que el triunfo de las candidaturas republicanas en la mayoría de los grandes núcleos urbanos – en Madrid los republicanos obtuvieron 90.630 votos, frente a los 31.636 de los monárquicos- ponía a la monarquía en serios aprietos. Sin embrago, igual de rotundo que fue el resultado en las zonas urbanas favorable a los republicanos, lo fue en las rurales para los monárquicos. De hecho el número total de concejales electos fue favorable para la monarquía, con un número de votos muy parejo. Por tanto no se puede otorgar carácter plebiscitario a unas elecciones cuyos resultados simplemente certificaron la división de opinión entre la población española.
La realidad es que la proclamación de la II República debe más a la propia desmoralización de los monárquicos, que no se esperaban un avance tan importante de los republicanos y a la propia postura del rey, Alfonso XIII, que abandonó la idea de toda defensa de la legalidad vigente ante las continuas desafecciones de políticos conservadores y liberales así como autoridades. El propio general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, al declarar que no asacaría sus fuerzas a la calle para defender a la tambaleante monarquía puso la puntilla al régimen, ante la sorpresa del autoproclamado gobierno provisional republicano.
Sin embargo conviene también aclarar otro mito en torno a la proclamación de la II República: su pacífica y tranquila instauración. Entre el 13 y el 14 de abril se suceden manifestaciones en Madrid, la más grave a las una de la madrugada, procedente de la c/ Alcalá avanza por Recoletos para llegar al edificio de la Presidencia del Gobierno, chocan con la guardia civil, hay una veintena de heridos y dos muertos. Se asaltó la sede del Centro Nacionalista del Albiñana, se derribó la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor, la de Isabel II y las estatuas de los reyes godos de la Plaza de Oriente también fueron derribadas. En Tetuán las oficinas del Alto Comisariado fueron asaltadas, interviniendo la guardia mora, con 5 muertos y una veintena de heridos.
No obstante hay que resaltar, al contrario de lo afirmado por cierta memoria histórica fabricada a la medida de un bando, que la derecha española aceptó, sin mayores traumas el cambio de régimen. Tampoco lo que desde la izquierda se ha dado en llamar poderes fácticos se opuso o conspiró contra una república, con la que no simpatizaban en principio, pero de la que esperaban respetase las reglas del juego político parlamentario. Ya hemos visto como los militares no movieron un dedo por sostener la monarquía y la Iglesia se mostró especialmente acomodaticia a través del secretario de estado vaticano, cardenal Pacelli. El Debate, diario que hacía de portavoz de los católicos en España el día 15 de abril de 1931 afirmaba que: “reconocía la república como la forma de gobierno establecido en nuestro país. En consecuencia nuestro deber es acatarla. La acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarla en su cometido. Hombres de la monarquía, hombres de la república han de juntarse en un ideal común, que es España”.
Más significativa es aún la postura del protofascismo español. Ramiro Ledesma Ramos en La Conquista del Estado del 18 de abril de 1931, afirmaba: “No necesitamos violentar en lo más mínimo nuestra ideas ni rectificar el programa político y social que defendemos para dedicar un elogio y un aplauso al régimen republicano. La voluntad del pueblo español se ha decidido de un modo magnífico y vigoroso por la República, y nosotros, férvidos exaltados de energía nacional, hispánica, celebramos su disciplinado triunfo. ¡Viva la República¡ Nunca hemos creído subversivo ese grito, que hoy es, y representa el clamor entusiasta de los españoles. Todos cuantos estiman que la emoción primera de las luchas políticas es la voluntad del pueblo, deben hoy acatar sin reservas a la República. Así lo hacemos nosotros, con la indicación, incluso de que en esta hora la defensa de la República es la defensa nacional.”
Fue el sectarismo y la deriva revolucionaria de las nuevas autoridades lo que rápidamente deterioró el nuevo régimen. El afán de separatistas, radicales y marxistas por imponer sus criterios a toda costa, ignorando, cuando no coaccionando, a media España hizo imposible una convivencia democrática y al final nos arrastró al trágico desenlace de la guerra civil.
martes, 14 de abril de 2009
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