DENUNCIAS por RAQUEL QUÍLEZ (El Mundo)
Un muro de 2.500 kilómetros atraviesa el desierto del Sáhara. Lo levantó Marruecos en los años 80 para repeler los ataques del Frente Polisario, con quien mantenía una guerra abierta de la que se selló el alto al fuego en 1991 bajo el auspicio de Naciones Unidas. Hoy, cerca de dos décadas después de ese acuerdo, esta fortificación sigue separando a saharauis y marroquíes. La precede un área de cinco kilómetros plagada de minas antipersona —hasta cinco millones, según las organizaciones humanitarias— y vigilada las 24 horas por soldados de Marruecos.
El muro minado, en el que pierden la vida periódicamente pastores que nomadean por la zona, marca el límite entre saharauis y marroquíes, pero también entre familias que quedaron dividas tras la Marcha Verde de 1975. A un lado, los que huyeron a los campos de refugiados —la construcción se eleva 90 kilómetros al oeste de Tinduf—. Al otro, los que viven en territorios controlados por Marruecos.
Se desconoce cuántos son en cada parte: la elaboración de un censo ha sido uno de los escollos históricos del conflicto —esta tarea corresponde a la MINURSO, misión de la ONU encargada de velar por el alto el fuego y de elaborar un censo para un referéndum de autodeterminación aplazado en múltiples ocasiones—, pero lo cierto es que hay cientos de familias que no han vuelto a verse desde 1975.
Según han denunciado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y el Parlamento Europeo (PE), los saharauis que viven en territorio marroquí se encuentran privados de derechos fundamentales. La última en denunciarlo ha sido una delegación 'ad-hoc' del Parlamento Europeo que visitó El Aaiún, la capital del Sáhara controlado por Marruecos, en enero de 2009.
Violaciones de Derechos Humanos
La comisión estaba presidida por el ex ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Ioannis Kasoulides, e integrada por los eurodiputados Carlos Carnero (socialista español), Carlos Iturgaiz (del PP español) y Luca Romagnoli (italiano no inscrito). Según su informe, de marzo de 2009, sus interlocutores marroquíes pusieron a su disposición «todas las facilidades necesarias», pero «las fuerzas del orden impidieron acceder al lugar de la reunión» a varios saharauis que debían entrevistar, que padecieron «intimidaciones y malos tratos». En su estudio, basado en entrevistas y testimonios, la delegación constata que se han producido «violaciones recurrentes de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación» en el territorio marroquí. Además, pedía a Marruecos que se admitan a trámite las denuncias contra policías formuladas por los independentistas y a la representación de la Comisión Europea en Rabat, que envíe «observadores a los juicios de militantes saharauis».
En el mismo sentido se expresaba HRW en un informe de 2008 en el que acusaba a las autoridades marroquíes de golpear y torturar a los activistas saharauis que expresan sus ideas proindependentistas. Según la asociación saharaui Afapradesa (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui), 65 presos políticos permanecían en cárceles marroquíes en marzo de 2009.
Preguntados por la valoración que hacen de estos informes, los respresentantes en España de las autoridades marroquíes han asegurado a este periódico que «los habitantes de las provincias del sur son ciudadanos marroquíes y gozan de los mismos derechos y obligaciones que los de otras regiones del país». En lo que se refiere a las alegaciones de tortura, aseguran que «la ley marroquí dispone que la evidencia obtenida bajo tortura es inadmisible en los procesos de juicio» y que, en febrero de 2006, su gobierno aprobó una nueva ley prohibiendo la tortura y castigando los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Argumentan además, citando informes de Amnistía Internacional, abusos por parte del Frente Polisario relativos a detenciones arbitrarias de supuestos opositores, desapariciones forzosas y torturas.
El PE y HRW también viajaron a los campos de refugiados. Sus informes son menos críticos con la situación del territorio controlado por el Polisario, aunque denuncian que las condiciones de vida «extremadamente precarias» que allí imperan «son, en parte, achacables a los dirigentes que temen que el desarrollo de las infraestructuras sea interpretado por la población como una manera de echar raíces y, en consecuencia, como una renuncia a la perspectiva de regresar a su país», en palabras de la delegación europea.
En definitiva, los saharauis viven indefinidamente separados. Los de un lado del muro, sometidos a presiones por defender una postura. Los del otro, bombardeados por propaganda para mantenerla viva.
Un muro de 2.500 kilómetros atraviesa el desierto del Sáhara. Lo levantó Marruecos en los años 80 para repeler los ataques del Frente Polisario, con quien mantenía una guerra abierta de la que se selló el alto al fuego en 1991 bajo el auspicio de Naciones Unidas. Hoy, cerca de dos décadas después de ese acuerdo, esta fortificación sigue separando a saharauis y marroquíes. La precede un área de cinco kilómetros plagada de minas antipersona —hasta cinco millones, según las organizaciones humanitarias— y vigilada las 24 horas por soldados de Marruecos.
El muro minado, en el que pierden la vida periódicamente pastores que nomadean por la zona, marca el límite entre saharauis y marroquíes, pero también entre familias que quedaron dividas tras la Marcha Verde de 1975. A un lado, los que huyeron a los campos de refugiados —la construcción se eleva 90 kilómetros al oeste de Tinduf—. Al otro, los que viven en territorios controlados por Marruecos.
Se desconoce cuántos son en cada parte: la elaboración de un censo ha sido uno de los escollos históricos del conflicto —esta tarea corresponde a la MINURSO, misión de la ONU encargada de velar por el alto el fuego y de elaborar un censo para un referéndum de autodeterminación aplazado en múltiples ocasiones—, pero lo cierto es que hay cientos de familias que no han vuelto a verse desde 1975.
Según han denunciado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y el Parlamento Europeo (PE), los saharauis que viven en territorio marroquí se encuentran privados de derechos fundamentales. La última en denunciarlo ha sido una delegación 'ad-hoc' del Parlamento Europeo que visitó El Aaiún, la capital del Sáhara controlado por Marruecos, en enero de 2009.
Violaciones de Derechos Humanos
La comisión estaba presidida por el ex ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Ioannis Kasoulides, e integrada por los eurodiputados Carlos Carnero (socialista español), Carlos Iturgaiz (del PP español) y Luca Romagnoli (italiano no inscrito). Según su informe, de marzo de 2009, sus interlocutores marroquíes pusieron a su disposición «todas las facilidades necesarias», pero «las fuerzas del orden impidieron acceder al lugar de la reunión» a varios saharauis que debían entrevistar, que padecieron «intimidaciones y malos tratos». En su estudio, basado en entrevistas y testimonios, la delegación constata que se han producido «violaciones recurrentes de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación» en el territorio marroquí. Además, pedía a Marruecos que se admitan a trámite las denuncias contra policías formuladas por los independentistas y a la representación de la Comisión Europea en Rabat, que envíe «observadores a los juicios de militantes saharauis».
En el mismo sentido se expresaba HRW en un informe de 2008 en el que acusaba a las autoridades marroquíes de golpear y torturar a los activistas saharauis que expresan sus ideas proindependentistas. Según la asociación saharaui Afapradesa (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui), 65 presos políticos permanecían en cárceles marroquíes en marzo de 2009.
Preguntados por la valoración que hacen de estos informes, los respresentantes en España de las autoridades marroquíes han asegurado a este periódico que «los habitantes de las provincias del sur son ciudadanos marroquíes y gozan de los mismos derechos y obligaciones que los de otras regiones del país». En lo que se refiere a las alegaciones de tortura, aseguran que «la ley marroquí dispone que la evidencia obtenida bajo tortura es inadmisible en los procesos de juicio» y que, en febrero de 2006, su gobierno aprobó una nueva ley prohibiendo la tortura y castigando los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Argumentan además, citando informes de Amnistía Internacional, abusos por parte del Frente Polisario relativos a detenciones arbitrarias de supuestos opositores, desapariciones forzosas y torturas.
El PE y HRW también viajaron a los campos de refugiados. Sus informes son menos críticos con la situación del territorio controlado por el Polisario, aunque denuncian que las condiciones de vida «extremadamente precarias» que allí imperan «son, en parte, achacables a los dirigentes que temen que el desarrollo de las infraestructuras sea interpretado por la población como una manera de echar raíces y, en consecuencia, como una renuncia a la perspectiva de regresar a su país», en palabras de la delegación europea.
En definitiva, los saharauis viven indefinidamente separados. Los de un lado del muro, sometidos a presiones por defender una postura. Los del otro, bombardeados por propaganda para mantenerla viva.
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