La Transición 30 años después.

LA CONSTITUCION... por Victoria Prego
La Constitución fue de todos desde el primer momento, aún antes de que los españoles llegaran a sospechar siquiera que tenían al alcance de los dedos un sistema democrático y una vida en libertad. La Constitución, todavía como proyecto aún no perfilado, se posa de hecho sobre la mesa del presidente del Gobierno en el mismo momento en que Adolfo Suárez es designado por el Rey para hacer lo más difícil: conducir al país hasta la democracia sin traumas, sin violencia y además con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, de derechas y de izquierdas, a pesar de que casi todas ellas eran perfectamente desconocidas, entonces, en número y en fuerza.
¿Pudo Suárez haberse opuesto alguna vez a hacer la Constitución de la democracia? No. Eso no sucedió nunca, es completamente inverosímil. Lo único posible es que en las primerísimas conversaciones secretas que el recién nombrado presidente del Gobierno celebró con los miembros más destacados de la llamada entonces oposición Suárez no llegara a comprometerse abiertamente y «ya mismo» ante Felipe González a elaborar una Constitución como la que la izquierda reclamaba.
Y eso por dos razones: porque lo que Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el propio Rey tenían en la cabeza era un proyecto de reforma que diera paso después a un proceso constituyente, pero sin levantar las sospechas ni azuzar la oposición de las Cortes, que seguían siendo las Cortes de Franco. Y porque lo que la oposición democrática exigía en aquel tiempo era lo que se llamó «la ruptura»: establecer un gobierno de concentración que convocara unas elecciones constituyentes y todo ello sin tener en cuenta la verdadera realidad sociológica y política del país ni la existencia de un poder temible y temido: el del «búnker».
Estamos hablando de un tiempo en que casi todos los altos puestos en las estructuras de poder del Estado estaban ocupados por franquistas militantes que no consideraban siquiera la posibilidad de hacer más reforma que la que la mera modernización del régimen buenamente demandara. Así que sólo en ese caso, muy traído por los pelos y muy pegado a ese día 10 de agosto de 1976 en que Suárez celebra en una casa de la calle Padre Damián de Madrid su primer encuentro secreto con el joven líder de los socialistas para hablar de España y del futuro, habría podido darse por cierto que el flamante presidente del Gobierno se resistiera a aceptar la fórmula rupturista que traía en el bolsillo González.
Pero se resistió entonces y se siguió resistiendo después porque lo que el Gobierno defendió, y ganó en referéndum, fue la fórmula reformista que le permitió luego pactar con la oposición democrática todas las modificaciones legales que acabaron conduciendo al país a celebrar en junio de 1977 las primeras elecciones libres después de 40 años e, inmediatamente después, iniciar los trabajos de elaboración de la Constitución que hoy nos ampara.
No hubo dudas sobre lo que se buscaba. Nunca las hubo, a pesar de que sí se produjo una diferencia. Inmediatamente después de que el gobierno Suárez legalizara al PCE, se convocan elecciones. Para entonces España está a punto de ser de hecho, aunque no de Derecho, una democracia real.
Tampoco hubo demasiado lugar para las dudas porque el 22 de julio, cuando tiene lugar la apertura solemne de aquellas Cortes que han pasado a la Historia, el Rey despeja definitivamente cualquier duda cuando dice en su discurso: «La Corona desea, y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y naturales». Ahí estaba la clave, el alma de una Constitución que el Rey y, por supuesto, Suárez, consideraban su misión histórica. Una Constitución que, por primera vez en la Historia de España, se hiciera con el acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias.
El consenso que inspira nuestra Constitución fue buscado afanosamente desde el primer instante, mucho antes de que ésta naciera, por un Suárez cuya meta principal en su vida política no era otra más que esa: culminar el difícil proceso de transición política a la democracia con un texto que constituyera un hito histórico. Y lo logró, gracias también al largo y hondo esfuerzo de todos por conseguir instalar a nuestro país por encima de sus sempiternas discordias. Ese fue el consenso. Y fue de todos.


25 AÑOS DESPUES... por Justino Sinova
Veinticinco años después, el Rey conserva su sentido del humor. En eso sigue igual de joven. Los años se le notan en las huellas que la vida deja sobre el rostro y en una ligera curva, casi imperceptible, que se dibuja sobre sus hombros. Ya no hace tanto deporte como entonces, ni se lesiona tanto, pero se conserva fuerte cuando ya le han convertido en abuelo por dos veces. Sigue preguntando y escuchando a sus interlocutores pacientemente. Y ve cómo la España que el recibió desconfiada hoy le mira con reconocimiento.
El Rey va a cumplir 25 años en el Trono. Si alguien hubiera pronosticado el 20 de noviembre de 1975, con el cadáver del general Franco expuesto en el Palacio Real, un periodo tan amplio de normalidad con etapas de emoción, todos le habrían tomado por iluso. Porque la verdad es que entonces nadie apostaba con entusiasmo por el futuro de aquel candidato de 37 años, que a una clase política envejecida en el poder le inspiraba la desconfianza de un joven profano y que a la nueva generación formada frente al poder le parecía un segundón.
Las condiciones en que Don Juan Carlos tuvo que hacerse con la Jefatura del Estado fueron las peores concebibles. Su imagen estaba ligada a Franco, con quien unas semanas antes había tenido que compartir presencia en el balcón de la Plaza de Oriente, en el último acto público de la vida del dictador, poco después de haber firmado cinco sentencias de muerte. La oposición del exilio, que esperaba la desaparición de Franco para volver, no quería saber nada de él; Santiago Carrillo repetía por Europa el chiste de que el rey de Franco iba a pasar a la historia como Juan Carlos El Breve.
Pero los primeros pasos del Monarca fueron desconcertantes. Pese a sus pronunciamientos en favor del sistema democrático, su decisión de mantener a Carlos Arias Navarro, el último presidente de Gobierno de Franco, fue un gesto que se interpretó como un síntoma negativo: al joven sucesor le faltaba energía para enfrentarse al aparato dejado por el dictador; y su apuesta posterior por Adolfo Suárez, tras unos meses de parálisis política, fue, para muchos, la consumación de un error. En aquel momento, julio de 1976, se había agotado prácticamente el margen de confianza.
Pero cuando peor estaban las cosas el Rey Juan Carlos comenzó a ofrecer lo que había planeado.
Para encauzar la operación de construir un sistema político sobre las bases del anterior, el Rey necesitó un plan bien perfilado, que partía del entramado elaborado por su padre y se completaba en el método de Fernández-Miranda y la habilidad de Suárez; necesitó paciencia para esperar la ocasión, paciencia sobre todo en aquellos largos años del franquismo en que trataron de convencerlo para que fuera el rey del Movimiento Nacional, un proyecto condenado a acarrear un naufragio colectivo; necesitó aguante y transigencia para ganarse a quienes se declaraban sus enemigos, porque entendía que la nueva construcción o era un trabajo de todos o pronto se hundiría; necesitó saber olvidar para departir en La Zarzuela con quienes menospreciaban su capacidad; necesitó habilidad para evitar la formación de una corte, que habría sido a la larga un barroco estorbo, si no algo peor; necesitó audacia para dar un salto hacia el sistema de democracia liberal, que ha permitido vivir a España la etapa de mayor justicia política

LA REFUNDACION DE ESPAÑA... por Eduardo Chamorro
En 1975 España vivía en la anormalidad de ser la excepción en el contexto de las democracias europeas. Los políticos del franquismo y del antifranquismo coincidieron entonces, y a grandes rasgos, en la imperiosa necesidad de extinguir la excepcionalidad y acabar con lo anormal. Esa fue la primera intención y voluntad de llevar a cabo una transición a la democracia, transición que, veinticinco años después, se perfila como el mito fundacional de la sociedad española contemporanea.
El miedo acumulado y filtrado a lo largo de una posguerra armada cuyas víctimas se contaron hasta septiembre de 1975 -dos meses antes de que se acabara la vida de Franco- aconsejó una administración de la memoria y del olvido de lo que había ocurrido a partir de 1931. La memoria y el olvido se referían y adquirían sentido en la coincidencia de intencion y voluntad entre quienes pretendían la invención, el ordenamiento y la consolidación de una democracia en España. Fuera cual fuese la relación ideológica de aquellos politicos dispuestos a negociar, con lo dicho y hecho en la II República Española, lo cierto es que, puestos a negociar, prevalecio el pragmatismo demócrata frente a cualquier tipo de ideología revolucionaria o reaccionaria. Si la II República Española pretendia -como dejaron bien claro una larga y contundente serie de republicanos, desde Azaña hasta Largo Caballero- la revolución, los políticos de la transición abrigaban una pretensión distinta: la de sentar a los españoles, por primera vez en su historia, para discutir y acordar un estatuto de convivencia.
Y si la administración del miedo aconsejaba examinar aquel pasado para dar con la linea más sensata entre la memoria y el olvido, el estatuto de convivencia imponía asumir la exigencia de la clase media creada por el desarrollismo franquista de las décadas de los Cincuenta y los Sesenta.
Esa clase media definía el Capital Social Acumulado como condición externa al sistema. Si el Régimen buscó una prosperidad económica, no se puede decir que persiguiera la creación de una clase media que, en función de sus intereses de clase, exigiera una reordenación política del sistema. Y sí los políticos se debatían entre la Reforma y la Ruptura, la calle, en aquellos primeros años tras la muerte de Franco, era mucho más clara. Las manifestaciones exigían libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
Tres años después de la muerte de Franco, la Constitución española reconocía y amparaba el clamor de aquellas manifestaciones.
La memoría y el olvido se hicieron una y misma cosa en el reconocimiento de que los españoles se habían matado entre ellos y en el olvido de la más abrupta responsabilidad en la matanza. Cuando Adolfo Suarez legalizó el Partido Comunista, Manuel Fraga Iribarne presentó a Santiago Carrillo en el escenario del Siglo XXI. La normalidad de la calle se hizo así normal en la política. Y el país dejó de ser anormal y abandonó las tristes prendas de la excepción. España comenzó a ser entonces lo que jamás había sido: una democracia con voluntad de ser eso, una democracia.